Un juzgado de Barcelona ordena el embargo de los de Lluis Prenafeta y de 'El Observador'

MANEL PÉREZ / BLANCA CÍA El Juzgado de Primera Instancia número de Barcelona ordenó el pasado día 2 el embargo de los bienes del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat y promotor del diano El Observador, Lluis Prenafeta. La misma orden fue dictada contra Predeusa, editora del mismo rotativo. La acción judicial es consecuencia de un ejecutivo presentado en el juzgado por la Norske Skog España, a la que la empresa editora adeuda 170 millones de pesetas.

Prenafeta avaló personalmente a una de las empresas deudoras, Coterma, una deuda reconocida con la papelera de 50 millones de pesetas. La demanda ejecutiva se presentó en los juzgados de Barcelona el, pasado 13 de octubre y el embargo fue acordado por el juez el día 24. El 2 de noviembre el juzgado remitió al decanato de Barcelona la correspondiente diligencia de embargo.Según el texto de la diligencia de embargo, los agentes judiciales se presentaron en el domicilio de Prenafeta, en el Paseo de La Bonanova de Barcelona.

Según el mismo documento: "el agente judicial [ ... ] traba formal embargo sobre los bienes que se describen a continuación: saldos en cuentas corrientes, valores y depósitos en La Caixa, Banco Santander, Banca Catalana, sueldo y demás emolumentos que percibe como empleado de la Generalitat [Prenafeta dejó su cargo público en marzo de 1990], piso en Paseo de la Bonanova, piso en calle Folgueroles, piso en calle Diagonal, bienes muebles de posterior reseña [...] y finca en Cambrils". Algunos de estos bienes están hipotecados.

Coterma, la empresa avalada por Prenafeta, aparece también relacionada con Grand Tibidabo, la sociedad que controlaba Javier de la Rosa y por cuya gestión se encuentra actualmente en prisión.

Norske Skog decidió acudir al juzgado ante la imposibilidad de cobrar sus deudas, cuyo origen se remonta a principios de 1993. Durante las negociaciones mantenidas entre las dos partes, los responsables de El Observador, el abogado Joan Piqué Vidal, y los directivos Alberto Garrofé y Andreu Navarro, ofrecieron contrapartidas, entre ellas acciones y obligaciones de Grand Tibidabo, que no fueron aceptadas por la papelera. Finalmente, las conversaciones se centraron en la sede social de la empresa, un edificio en la Zona Franca de Barcelona. Aquí tampoco quedaron las cosas claras, ya que los representantes del diario afirmaron que el edificio estaba cedido a la empresa editora Bermont Catalonia. Finalmente, el Consorcio de la Zona Franca instó, a principios de este año el deshaucio de las instalaciones por falta de pago.

En un documento firmado entre Javier de la Rosa y Juan Cruells, actual presidente de Grand Tibidabo, que hoy está citado a declarar ante el juzgado de instrucción número 1, se reconocía que Grand Tibidabo había prestado 319 millones de pesetas a Coterma, dinero que no había sido devuelto por lo que Javier de la Rosa asumía directamente el pago. Asimismo, Coterma es titular de 274 millones de pesetas en obligaciones de Grand Tibidabo.

Otra sociedad, Kujal, que adquirió en 1991 unos saltos de agua a la empresa Ercros, filial del grupo Torras, también es titular de 467 millones de pesetas de obligaciones de esa misma sociedad.

Por otra parte, el juzgado que instruye el caso De la Rosa, intervino ayer al financiero el reloj de pulsera, una estilográfica y una pulsera que llevaba al ser detenido. La incautación de estos bienes responde al embargo para cubrir la fianza-civil de 13.300 millones.

En relación con ello, ayer compareció en el juzgado la mujer del financiero, Mercedes Misol. Se trató, según informaron fuentes cercanas a la investigación, de una diligencia judicial por la que se comunicaba a Misol de la imposibilidad de hacer transacciones o ventas de bienes de su marido o suyos, ya que serán objeto de embargo.