El Gobierno opta por unas cámaras de comercio financiadas por las empresas

La comisión interministerial encargada de cambiar la Ley de Cámaras tiene perfiladas sus conclusiones. Se ha decidido por un modelo cameral fuerte, independiente y financiado fundamentalmente por las empresas. El Estado tan sólo será un financiador subsidiario y acudirá de forma transitoria, bien con los Presupuestos del Estado, bien con un crédito extraordinario que rondaría los 10.000 millones. La Comisión Delegada estudiará la próxima semana los cambios a la Ley, según fuentes de Comercio.Antes del próximo jueves, los integrantes de esa comisión, Ángel Serrano, subsecretario de Comercio; Alfredo Pastor, secretario de Estado de Economía, y Antonio Zabalza, de la vicepresidencia del Gobierno, mantendrán una reunión que se vislumbra como definitiva. Posiblemente sea el próximo martes. En esa reunión se estudiarán los informes que han elaborado Economía e Industria y que tratan de hacer más eficaz el nuevo texto y reforzar el papel de las cámaras. Asimismo, en esa reunión, se estudiarán las aportaciones de las Comunidades Autónomas. "Se trata de dar un mayor protagonismo a las cámaras en el nuevo texto para que no corra el riesgo de que sea declarada inconstitucional", aseguran en Comercio.

El ministro de Comercio, Javier Gómez-Navarro, se comprometió el pasado mes de junio a retocar la Ley de Cámaras de 1993 después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la obligatoridad de las cuotas de las empresas contenida en la ley de 1911, hecho que seguía manteniéndose en la Ley de 1993.

Incluso el Gobierno se propone conceder un crédito extraordinario para evitar la asfixia financiera a la que se han visto sometidas varias cámaras pequeñas de las 82 existentes en España. Hasta ahora se financiaban de las cuotas de las empresas que dedicaban el 1,15% de sus beneficios a estas entidades una vez deducido el impuesto de sociedades.

Por su parte, la CEOE, que siempre ha mantenido una actitud contraria y beligerante ante la obligatoriedad de afiliación y pagos de cuotas, ha señalado que el Gobierno no tiene otra salida aportar con los Presupuestos la parte de cuotas que los empresarios no han querido desembolsar desde que el 16 de junio pasado se conociera la sentencia del Constitucional.