Ley de partidos

UNA VEZ resuelta la interminable pelea entre los dos partidos mayoritarios para resolver las vacantes institucionales, ambos anuncian su propósito de encarar la ley de partidos. Es una buena noticia. Ha pasado casi año y medio desde que Felipe González anunció, entre sus muchos propósitos de renovación e impulso democrático después de su victoria electoral, la elaboración de esta ley. Desde entonces han seguido saliendo a la luz casos reales, presuntos y falsos de escándalos de corrupción, muchos de ellos inevitablemente vinculados a los partidos políticos. La financiación no es el único punto importante de esa ley, pero sin duda es el más urgente. Junto a ello es fundamental también garantizar la democracia interna en estas organizaciones que aunque algunos escribidores hayan puesto de moda denostar la "partitocracia"- son piezas básicas e imprescindibles de un sistema democrático.La falta de transparencia en la financiación, unida a unos gastos eléctorales desmesurados y a la voracidad de unas burocracias en crecimiento constante, han dado pie a toda suerte de abusos, irregularidades y corrupciones. Por si fuera poco, durante algunos años se ha creado en el seno de ciertos partidos una moral perversa que tiende a justificar cualquier trampa si es por la causa. Todo ello ha creado tal maraña de intereses y compromisos que ha contaminado aún más el mundo mercantil: el dinero para los partidos no, es legal, por tanto hay que crear facturas falsas que obligan a retorcer la contabilidad. Por supuesto que la falsedad en documento, el delito fiscal y el dinero negro son realidades anteriores a los partidos, pero éstos han contribuido a aumentar su volumen.

Es por ello necesario y urgente que la nueva ley establezca un marco legal realista y funcional para que los partidos obtengan los recursos necesarios para desempeñar la función capital que les asigna la Constitución en nuestro sistema democrático. Las cuotas de los afiliados siempre han sido un ingreso marginal. A ellas se suma una financiación pública generosa que la realidad ha demostrado, pese a todo, insuficiente, pero que no puede seguir creciendo sin control. El mantenimiento de fondos presupuestarios está justificado por la conveniencia de que todo partido que cuente con cierto apoyo electoral pueda disponer de medios para expresarse y funcionar, independientemente de las posibilidades económicas de sus votantes y afiliados.

Pero los 15.000 millones de pesetas asignados este ano en los Presupuestos a los partidos, a los que se suman otras cantidades establecidas por los Parlamentos autónomos, no parecen bastar. Algunos partidos plantean que se abra la puerta a las donaciones privadas con incentivos fiscales. Existe en muchos países democráticos y no hay por qué cerrarse en banda a esa posibilidad si se evitan las comisiones bajo la mesa y se congela la partida presupuestaria destinada a los partidos. Pero una financiación privada no sometida a publicidad reúne todas las características para convertirse en la "madre de todas las corrupciones".

Dieciocho años después de la firma de la Constitución, es horade superar la época de los maletines y abrir a la sociedad las cuentas de los partidos., Tendrá que ser el Parlamento quien decida si los donativos se limitan a los particulares o se amplían también a las empresas. Parece bastante artificial esta distinción. Pero son los partidos los que deben llegar a un acuerdo. En todo caso, la piedra angular de esta ley está en la transparencia y en los mecanismos de control. En ese sentido es positiva la propuesta de ampliar el área de actuación del Tribunal de Cuentas a las empresas que aparecen implicadas en las cuentas de los partidos. La limpieza de la vida pública española tiene aquí una cuenta pendiente que el Parlamento debe saldar en esta legislatura. Este país no puede presentarse ante otras elecciones generales sin resolver las cuentas de los partidos.