California votará en referendum una ley para privar de servicios públicos a los inmigrantes ilegales

Sólo el condado de Orange, bastión conservador del sur de California, recibe cada año más emigrantes que toda la ciudad de Miami. Casi la mitad de los emigrantes que llegan a Estados Unidos, escogen ese gran Estado del oeste como destino. Se calcula que alrededor de un millón y medio de los que allí se han establecido han entrado en el país ilegalmente y viven, de hecho, al margen de la ley. Su futuro, sus necesidades, los gastos que originan y los problemas que generan están en el centro del debate que se resolverá con un referéndum el próximo martes para decidir si se les restringen los servicios.

En California se vota el próximo día 8 por el cargo de gobernador y por uno de los dos puestos en el Senado. Pero la población de ese Estado también expresará su opinión en las urnas sobre una ley, llamada proposición 187, que intenta eliminar el acceso de los inmigrantes ilegales a las escuelas y a los hospitales públicos. En definitiva, se trata de crear las condiciones para cortar ese tipo de emigración y echar del país a los que ya están dentro.La propuesta ha sido presentada por el actual gobernador de California, el republicano Pete Wilson, y está respaldada, según las encuestas, por cerca dé un 65% de la población. Más de un 50% de los probables votantes mexicanos asentados en ese Estado desde hace varias generaciones, los llamados chicanos, apoyan también esa ley. Se oponen a ella la Administración de Bill Clinton y las dos principales candidatas demócratas en estas elecciones: Kathleen Brown, para gobernadora, y la actual senadora de ese mismo partido, Dianne Feinstein. Han expresado, asimismo, su desacuerdo algunas destacadas figuras del Partido Republicano.

La proposición 187 -también conocida como SOS, siglas en inglés de Save Our State (salvar nuestro Estado)- representa los valores de condados como el de Orange, cuna del reaganismo, y está capitaneada por gente como Ron Price, dirigente de Jóvenes Republicanos, que sostiene: "Estamos tratando de animar a los ilegales a que se vayan, privándoles de servicios públicos, echándoles de sus trabajos, quitándoles sus beneficios".

El gobernador Wilson, en otros tiempos un moderado que ahora se ha subido al tren de la antiinmigración, convencido de su alta rentabilidad electoral, asegura que, con la 187, California ahorraría cada año los 5.000 millones de dólares (unos 625.000 millones de pesetas) que gasta en dar educación a 400.000 niños ilegales y asistencia sanitaria a sus familias.

El grupo de análisis Urban Institute pone en duda esas cifras. Aunque reconoce que los emigrantes ilegales le cuestan al Estado más dinero del que pagan en impuestos, su trabajo aporta, a la economía californiana un superávit de 30.000 millones de dólares, al año. Es decir, gran parte de la riqueza acumulada por ese boyante Estado en las últimas décadas ha sido construida con el esfuerzo de quienes cruzan ilegalmente la frontera para hacer los trabajos que los estadounideneses no quieren.

El problema radica en. que California ya no es tan rico. Hay menos para repartir y los emigrantes no son tan bien recibidos. En los últimos tres años, el desempleo ha aumentado por encima de la media nacional. La recesión que empezó en 1989, especialmente la reducción del presupuesto de la industria militar, ha hecho estragos en la economía de la región. En 1992, por primera vez en un década, bajó el índice de ingresos que los californianos perciben por familia.

Los ciudadanos buscan un culpable de esa situación. El propio gobernador Wilson lo fue durante un tiempo -su índice de popularidad llegó a estar en torno al 20%-. Pero Wilson desvió la mirada hacia el presidente Clinton y hacia los emigrantes, y ahora, es en ellos donde se concentran las iras de la población.

El argumento es elemental: nosotros pagamos impuestos para que el Estado se gaste el dinero en atender a las mexicanas que cruzan la frontera embarazadas con el fin de tener un hijo en Estados Unidos y garantizar con ello su estancia en este país; pagamos impuestos para que se hable español en las escuelas, para que los inmigrantes creen pandillas y controlen los barrios. "La oleada latina provocará una creciente influencia de la Iglesia católica, así como una plaga de tradiciones latinoamericanas, tales como corrupción, apatía política y altas tasas de natalidad", advierte John Tanton, presidente de una organización de defensa del inglés y de las tradiciones anglosajonas.

Contra la Constitución

La senadora Feinstein y la candidata a gobernadora, Brown, liberales ambas, consideran que la SOS es constitucionalmente inadmisible, y han asegurado que, aunque pierdan las elecciones, no la respaldarán.Tal vez no sería raro en los países de Europa, la del Estado del bienestar para los europeos, ver privados de servicios públicos a los marroquíes o argelinos que entren ilegalmente. Pero es inconcebible en Estados Unidos. Al fin y al cabo, muchos de los que hoy defienden la medida no estarían en condiciones de hacerlo si se hubiera aplicado la misma ley contra sus abuelos. En una escuela norteamericana nadie pide un certificado de nacimiento para admitir a un niño. Comenzar a hacerlo a partir de ahora, afirman los contrarios a esa legislación, convertiría, los colegios en centros de control de la emigración.