La exigencia de la acción ambiental

En un futuro inmediato, ninguna opción política podrá tener apoyos significativos si no revisa en profundidad sus postulados, incorporando entre sus prioridades la protección del entorno y el uso racional de los recursos naturales. La preocupación por estos temas ha dejado de ser una cuestión menor, reducto de grupos marginales o de científicos alarmistas: un número creciente de ciudadanos es consciente de la gravedad del deterioro ecológico del planeta y de sus consecuencias, en cuanto a la dificultad de mantenimiento del modelo actual de desarrollo.Sin embargo, a este evidente incremento de concienciación apenas se corresponde, todavía, una respuesta adecuada en términos políticos; y es que la consideración rigurosa de la problemática ambiental obliga a un importante replanteamiento de los objetivos de la acción pública y de los correspondientes procesos de toma de decisión. Por lo pronto, existen serias carencias en la medición de los fenómenos ambientales: los datos sobre la generación de residuos tóxicos, sobre la calidad del agua o sobre los efectos para la salud del uso de determinados productos químicos no han sido objeto de una atención y difusión comparables a las de la evolución de la producción industrial, la relativa al volumen de agua regulada o a los puestos de trabajo creados por el sector químico. No son ejemplos casuales: reflejan, de manera sintética, la existencia de dos caras de una misma moneda -el desarrollo económico-, objeto cada una de un tratamiento muy diferente en términos de información.

Supongamos que el responsable público dispone de todos los datos necesarios para conocer la dimensión de los problemas medioambientales:_el siguiente paso debe ser su evaluación y, por tanto, su ponderación en la escala de valores que orienta la acción política.

Pues bien, aquí aparece un segundo escollo. La protección del medio ambiente requiere cambios en las tecnologías y en la estructura del sistema productivo, y nuevas pautas de comportamiento individual. A muy corto plazo, esto significa mayores costes para las empresas y la incorporación de nuevos hábitos de vida. La tentación, para quien asume decisiones frente a quienes les votan, es la de seguir manteniendo un espejismo de bienestar material, sin, duda todavía rentable en términos electorales. Sería necesaria una presión social mucho más intensa que la actual -como se ha dado ya en algunos países occidentales- para que los políticos se vieran obligados a dar preferencia a la eficiencia energética respecto a la construcción de nuevas centrales térmicas, al ahorro de agua respecto a la construcción de nuevos embalses, al transporte público respecto a la oferta de un número creciente de automóviles per cápita. Y esa presión requiere que los ciudadanos estén mejor informados... El círculo sólo se rompe si desde los poderes públicos, con el apoyo inestimable de las organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación, se transmite la información adecuada y se impulsa la formación en estos temas.

La tercera dificultad se sitúa en el diseño de las soluciones concretas. El actual modelo de desarrollo se caracteriza por una progresiva especialización en lo profesional y por un distanciamiento entre los ciudadanos -la sociedad civil- y los responsables públicos. Es absolutamente necesario, por el contrario, avanzar hacia un enfoque multidisciplinario en cualquier proceso de toma de decisiones, así como hacia una mayor participación de los ciudadanos en la solución de los problemas colectivos. Ambas cuestiones requieren, sin duda, una notable dosis de voluntad política, capaz de estimular nuevos cauces de análisis y de respuesta a los problemas sociales.

Por poner un ejemplo concreto, la reciente celebración del seminario sobre el embalse de Itoiz sólo puede entenderse desde la actual voluntad política, impulsada desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de promover un debate transparente y riguroso sobre el impacto ambiental de la obra pública.

La simple existencia de este tipo de debates resulta de difícil aceptación para quienes, -todavía muy numerosos-defienden, el valor per se de cualquier inversión pública al margen de sus efectos y de las opciones alternativas de la misma. La sociedad debe tener cada vez más herramientas para evaluar, desde un enfoque integral, la acción pública: y a la exigencia de racionalidad, en términos económicos convencionales, se irá añadiendo la exigencia de la racionalidad ambiental, entendida como el deseable uso racional de los recursos naturales.

Algunos reducen la solución política del medio ambiente a la creación de un ministerio que reúna todas las competencias (?) en esta materia. Quizá no hayan contrastado los resultados prácticos de esta opción, sin duda positiva, pero del todo insuficiente si no se inserta en una reorientación de prioridades, generalizada a todo el ámbito de decisiones públicas. Ahí están los ejemplos concretos de departamentos de Medio Ambiente, regionales o nacionales, infradotados de recursos humanos y materiales, pero sobre todo marginados en cuanto al diseño de las grandes líneas políticas de actuación. No olvidemos que prácticamente todas las políticas sectoriales -y por supuesto la política económica- tienen incidencia sobre el medio ambiente.

El milenio que termina dejará una difícil herencia a nuestros descendientes: la responsabilidad de todos -en particular de quienes luchamos por la solidaridad y por el auténtico progreso- es la de adelantarnos a un escenario irreversible, evitándolo en lo posible. Y lo posible depende, en gran medida, de nuestra voluntad y de nuestra capacidad de modificar lo que muchos -quizá porque les interesa, quizá por falta de imaginación- consideran inmutable.