El PSOE solicitará que se investigue la instalación de Biomédica en León

La segunda moratoria de nueve meses solicitada a la Junta de Castilla y León por dos sociedades de la multinacional norteamericana Biomédica para instalarse en León ha levantado un vendaval político y social. Partidos, sindicatos y colectivos vecinales temen que las promesas de Biomédica, que no figura en ningún registro internacional, según ha reconocido el Ejecutivo autónomo, sean un fraude. La Junta aprobó en su día una subvención a fondo perdido de 2.500 millones. El PSOE regional pedirá hoy una comisión de investigación y, junto a IU, solicitará que el consejero de Economía, Fernando Becker, explique el caso.

Los partidos en la oposición municipal de León (PSOE, Unión del Pueblo Leonés e Izquierda Unida) han solicitado al alcalde, Juan Morano (PP), un pleno extraordinario, que se celebrará hoy, para debatir el caso y adoptar medidas. Mientras, la Junta, que preside Juan José Lucas (PP), aclara que las negociaciones se han llevado a cabo con dos sociedades anónimas registradas legalmente en España: Integrated Motors Technology y Absorbent Technologies, empresas en las que se prevén 443 empleos.La subvención de 2.500 millones aprobada por la Consejería de Economía supone el 42,88% de la inversión total. Este dinero sería cobrado contra certificaciones de obras parciales, con hasta un 50% de adelanto mediante un aval de 1.700 millones o un crédito de anticipo.

Trece colectivos, entre asociaciones vecinales, de consumidores y sindicatos, han iniciado una pegada de carteles en León en los que se exponen las promesas incumplidas de los representantes de la Administración autonómica y local y del supuesto presidente de Biomédica, Frank Wilbourne, quien ahora se ha sabido que no figura en el consejo de administración de las dos empresas prometidas para León.

En el cartel figura la sombra de un payaso cubriendo el apretón de manos del presidente Lucas, el alcalde de León y Wilboume, el día que se puso la primera piedra de las dos factorías en el Parque Tecnológico de León, el 5 de noviembre de 1993.

El Ayuntamiento de León ha adquirido 32 hectáreas en el Parque Tecnológico, de las que 14 estaban destinadas a las dos factorías -y quizá a una tercera del grupo Biomédica -Houba, dedicada a la producción de fármacos, con, 170 empleos-.

Endeudamiento municipal

El Ayuntamiento solicitó para la adquisición de los terrenos y su urbanización un crédito de 750 millones de pesetas. Para esta última industria no se había formalizado ningún tipo de subvención, aunque se apuntaba una inversión global superior a los 8.000 millones. Juan Morano, alcalde de León, insiste en su confianza en la instalación de Biomédica, aunque admite la posibilidad de que su creencia sea una ingenuidad.En un principio, el 25% de las obras de la primera factoría deberían haber terminado la última semana de junio, pero Biomédica solicitó una primera prórroga de cuatro meses que acabó la semana pasada. Un día antes de que finalizara el plazo, la Junta concedió una nueva moratoria de nueve meses a la multinacional, y posteriormente la solicitud de prórroga de la empresa llegó por fax a la Consejería de Economía del Ejecutivo autónomo.

Las primeras negociaciones con la Junta y el Ayuntamiento se iniciaron en septiembre de 1992, y desde hace más de un año y medio se está dilatando el inicio de las obras con el argumento de las dificultades económicas de la empresa.

Este caso recuerda a los partidos de León el del petromocho, por el que tuvo que dimitir el anterior presidente del Principado de Asturias, José Luis Rodríguez Vigil. Ambos proyectos empresariales de Biomédica fueron rechazados con anterioridad en Asturias y Galicia.

El máximo responsable de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), José María de Francisco, considera que "el fiscal debería actuar de oficio y tomar cartas en el asunto" ya que se han frustrado unas expectativas para 543.000 habitantes de la provincia leonesa".

Juan José Lucas, presidente del Gobierno regional, confía aún en la instalación de Biomédica en León y asegura que el Gobierno autónomo da a diario otras prórrogas para otras empresas con expectativas de instalarse en la comunidad.