PSOE y CiU modificarán la norma sobre transparencia fiscal internacional

Las reticencias de sectores financieros y empresariales a las normas contempladas en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 1995 sobre transparencia fiscal internacional han causado un cierto efecto. Tanto el Gobierno como Convergéncia i Unió están dispuestos a introducir algunas enmiendas en la tramitación de la ley de forma que, sin modificar sustancialmente lo que se persigue, no perjudique la actividad internacional de algunas empresas españolas.El proyecto de ley persigue someter a tributación las rentas pasivas (dividendos, intereses, alquiler de inmuebles e incrementos de, patrimonio relativos a actividades no empresariales) de entidades no residentes en España que tienen un régimen fiscal privilegiado y que están controladas por españoles.

Esta disposición es una de las recomendaciones que la Unidad Especial contra el Fraude hizo en su informe del pasado verano y que el Gobierno ha decidido poner en marcha en 1995, junto con otras relativas a la Seguridad Social, la reforma de la incapacidad laboral o el cruce de archivos de Hacienda y Seguridad Social.

Sectores empresariales y financieros -AEB ha remitido a los grupos parlamentarios un informe explicando su posición consideran que la redacción del articulado puede afectar a rentas empresariales, no ser compatible con los convenios sobre doble imposición y dificultar algunas operaciones de captación de recursos financieros en el exterior. Estos temores han calado entre los grupos políticos con distinta intensidad. El PP plantea la posibilidad de retirar estos artículos y dejar la discusión para el proyecto de ley de sociedades.

El PSOE y CiU preparan en la actualidad distintas enmiendas para evitar, sobre todo, que con la nueva normativa se puedan ver afectadas rentas empresariales y no sólo las pasivas como se pretendía.

Para ello se busca una forma de ampliar el concepto de sociedades holding no residentes tenedoras de participaciones de carácter empresarial, de forma que el porcentaje de participación sobre sociedades operativas pase del previsto 25% a un 5%. Además dirá que el proyecto de ley, deja claramente excluidas las rentas de carácter empresarial.