60 magistrados exigen una investigación judicial sobre los fondos reservados

Los aproximadamente 200 jueces que iniciarán hoy, en Alicante, el IX congreso de Jueces para la Democracia, encontrarán esta mañana en sus carpetas un documento muy crítico hacia el poder sobre el que la sección territorial de Madrid más de magistrados les pedirá que se pronuncien. Entre otros puntos, el documento exige "una investigación judicial sin restricciones" sobre los posibles delitos cometidos en el uso de los fondos reservados y discrepa de la fusión de Justicia e Interior, por el riesgo de que se imponga "la lógica policial".

Entre los más de 20 magistrados que participaron la semana pasada en la elaboración del documento de 14 folios -aprobado por la sección de Madrid- que se presenta hoy al congreso, los expertos descubren la pluma de Perfecto Andrés Ibáñez, presidente del primer tribunal que cuestionó la patada en la puerta de la ley de Seguridad Ciudadana y que polemizó con su defensor, el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, antes de que el precepto fuera finalmente anulado por el Tribunal Constitucional. Participaron también José Ricardo de Prada, Ramón Sáez, José Luis Gil Olmo, Ricardo Bodas, José Antonio Alonso, Aurora Elósegui, Mariam Lozano, Ramiro Ventura, Rafael Fluiters y otros más.El documento exige "una investigación judicial sin restricciones de cuantas conductas relacionadas con los fondos reservados pudieran ser constitutivas de delitos de malversación y otros posibles", ya que no, se puede aceptar, dice, "la existencia de zonas de impunidad en el ámbito de las instituciones". Asi mismo, "reclama de los responsables de Justicia e Interior el traslado al juez de los datos relativos al uso antijurídico de los fondos reservados de que tengan conocimiento". Exige también que, "en el tratamiento legislativo de los fondos reservados, se contemple expresamente la denuncia al juez por cualquier autoridad y funcionario" de los actos posiblemente delictivos.

Plena independencia

Los asociados de Madrid ponen el acento en "la necesidad inexcusable ahora bien ratificada por la experiencia de que la investigación" penal, en especial "a quienes ejercen o tienen alguna relación con el poder, se lleve a cabo en un marco de plena in dependencia, de la que actual mente no goza el Ministerio Fiscal en nuestro país" . Declaran su "abierta discrepancia" con la fusión de los ministerios de Justicia e Interior y su preocupación por entender que ello ''sólo puede llevar a la absorción de la política judicial y penitenciaria del Gobierno en la lógica policial".Como ejemplo, denuncian "el trato privilegiado recibido por el principal responsable del caso -Linaza [proceso por torturas en el que el comandante José Martín Llevot fue condenado, pasa do a régimen abierto y finalmente indultado de los más de cinco años de cárcel pendientes] y por los ex policías Amedo y Domínguez [condenados por los asesinatos de los GAL, pasados al tercer grado penitenciario], no sólo por lo que significa de agravio comparativo para la inmensa mayoría de los presos, si no por lo que tiene de actitud tolerante con conductas gravísimamente atentatorias contra valores centrales del Estado de derecho".

El documento considera "intolerable la instruínentalización de que el Consejo General- del Poder Judicial (CGPJ) está siendo objeto en el irresponsable juego de los estrechos intereses de partido" y rechaza como "inadmisible la manipulación de la figura del Defensor del Pueblo" y, en concreto, la inexplicada recusación del PSOE a un candidato del perfil de José Antonio Martín Pallín.