Con la sentencia al cuello

Algo hay que distingue de los demás a este contundente fajador de la política: su menosprecio por la disciplina de los partidos, sus enormes contradicciones y una tendencia al populismo y la mitomanía que hacen imposible que pase inadvertido. Con una personalidad así, Juan Hormaechea, de 55 años, tan admirado como odiado, no debió de sentirse desalentado cuando, hace cuatro años, tuvo que admitir que podía ser procesado por prevaricación, malversación de fondos públicos y obstaculización de la Asamblea regional. Una Cámara que le ha reprobado dos veces y que él desprecia tan ostensiblemente que se niega a acudir a ella.Fue el 1 de diciembre de 1990 Cuando cuatro diputados autonómicos presentaron una denuncia contra el presidente cántabro. Manuel Pardo Castillo, ex dirigente del PP instalado en el Grupo Mixto porque no podía soportar más la arbitrariedad y personalismo de Hormaechea; el regionalista Miguel Ángel Revilla; el entonces presidente del CDS, Manuel Garrido, y el entonces senador socialista Juan González Bedoya.

Pedían al Tribunal Superior de Justicia que reclamara del Consejo de Gobierno lo que desde la Asamblea parlamentaria no podían obtener: el expediente completo del parque natural construido en Cabárceno, incluida la garantía otorgada por el Consejo de Gobierno ante el Banco Europeo de Finanzas para obtener un crédito de 4.000 millones; y la certificación de acopio de materiales del Palacio de Festivales.

Eran las dos obras predilectas del presidente cántabro. Y los denunciantes deseaban una información más completa del endeudamiento de la Diputación con entidades financieras y el soporte legal con que se había contraído. Los justificantes de todos los gastos de viajes y manutención efectuados por el presidente y los consejeros eran otra de sus curiosidades.

"Actitudes irracionales"

Hormaechea, que no se achica ante las embestidas de sus adversarios y que se enfrentaba en ese momento a una moción de censura que le apartó luego de la presidencia, encajó la denuncia con serenidad y salió por los cerros de Úbeda. El presidente cántabro criticó las "actitudes irracionales y viscerales de quienes desde 1800 llevaron a España a varias guerras civiles, al enfrentamiento con EE UU, al conflicto de, África y a la guerra del 36. Ahora, aquí, en Cantabria", remató, "los herederos de aquellos comportamientos se dejan llevar por las mismas ideas".

Cinco meses después, alejado de la presidencia y en plena campaña electoral, acudía por vez primera al despacho del juez César Tolosa, que comenzaba la investigación de su gestión al frente del Gobierno. Pocas semanas antes, Hormaechea había intentado evitar la comparecencia con la disculpa de la "fatiga física y mental". Pero el magistrado no accedió y le interrogó cinco horas seguidas.

Otra vez en la presidencia, después de su triunfo en las elecciones autonómicas de la primavera de 1991, el 13 de noviembre de ese año el juez Tolosa dictó el auto de procesamiento contra Hormaechea por dos delitos de malversación de caudales públicos y cuatro delitos de prevaricación, con un millón de pesetas de fianza para eludir la prisión.

Tres meses después anunciaba la presentación de una querella contra el juez instructor por su actuación, pero luego desistió de hacerlo. Lo que sí hizo el Gobierno cántabro, integrado por seis consejeros procesados, fue rechazar los términos del auto. El vicepresidente, Roberto Bedoya, aseguró que nadie podía tomar el encausamiento como "el paradigma de la corrupción".

A mediados de septiembre del año pasado, Hormaechea, de nuevo bailando en la cuerda floja y sin soltar el poder, desafió a Aznar: advirtió que no dimitiría aunque se lo pidiese. Poco después comenzó su ofensiva contra dos de los tres magistrados que constituirían el tribunal -al tercero, José Redondo, siempre le ha mantenido al margen- Acusó al ponente Claudio Movilla de autoproclamarse de izquierdas, y recordó que Mario García-Oliva fue senador socialista y que como concejal del Ayuntamiento de Santander votó contra él -entonces alcalde- una moción de censura.

A lo largo de este año, Hormaechea ha lanzado acusaciones temerarias. Ha tratado de establecer vínculos entre las ideas políticas del juez Movilla y presuntos comportamientos suyos en la guerra civil. Comentarios "miserables", según Movilla, y que revelan "una catadura moral que no desearía para un presidente de una comunidad autónorna". Hormaechea le denunció entonces ante el Supremo, aunque infructuosamente, por presuntas injurias.

La vista oral prevista para el pasado 2 de febrero sufrió un primer retraso debido al cambio de abogado de cuatro de los procesados. En realidad, no era sino la forma de iniciar una serie de estratagemas para demorar la comparecencia en el banquillo. Siete días antes de que se fijara la nueva fecha, el 23 de marzo , para el inicio de las sesiones, Hormaechea presentó una nueva demanda contra el juez Movilla, desestimada al ser conceptuada como un acto de mala fe.

Nueva sorpresa

El juicio se inició por fin el día 23 de marzo, pero con la ausencia premeditada de uno de los letrados, que deja así indefenso a su cliente. Dos sesiones después, el tribunal se ve forzado a decretar una nueva suspensión. Transcurren tres meses hasta que el día 14 de junio puede reanudarse la vista y llegar a su término. Durante su desarrollo, Hormaechea sorprende otra vez a la sala presentando un escrito por el que prescinde de su abogado y acomete su propia defensa. El fiscal rebajó en sus conclusiones provisionales de 33 años a 18 años la petición de inhabilitación al estimar continuado el delito de prevaricación en vez de apreciar cuatro delitos distintos.

A comienzos de año se apresuró a enviar un mensaje al presidente del Partido Popular, José María Aznar, del que políticamente ya se encontraba alejado. Si sale absuelto, el líder cántabro intentará recomponer en Cantabria el centro-derecha bajo su exclusivo liderazgo. Si le condenan, estaría dispuesto a dimitir.

Pero nunca ha creído Juan Hormaechea que pueda ser inhabilitado. Más de una vez ha dicho públicamente: "La sentencia' tiene que ser absolutoria, porque soy inocente. Si se analizaran las adjudicaciones directas que se han hecho por los ministerios en estos años, aparecerían miles de obras y habría que acusar a muchas personas". Sin renunciar a su futuro político, su obsesión es retornar a la alcaldía de Santander, y lo que nadie duda es que estaría dispuesto a agotar todos los recursos legales si los jueces le condenan a una inhabilitación.