El juzgado extrema las cautelas y ordena a la policía custodiar la documentacion

Agentes de policía custodian el interior del juzgado de instrucción de Barcelona que investiga algunas de las actividades del financiero Javier de la Rosa, interno desde la madrugada de ayer de la cárcel Modelo de Barcelona bajo las acusaciones de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El objeto de la custodia es la documentación intervenida el pasado lunes en los registros de las sociedades vinculadas con el financiero. Fuentes conocedoras de la investigación precisaron que tanto el interrogatorio como el auto de prisión se centraron en cuatro operaciones concretas.

Los agentes de policía custodian el interior de las oficinas del juzgado -donde también trabajan los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda- una vez ha acabado la jornada laboral normal, que concluye a las tres de la tarde. Se trata de una medida excepcional tomada en este caso por el juzgado.El juzgado se centrará ahora, durante los próximos días, en el análisis y estudio de la documentación y el material informático intervenido en los registros. En un plazo corto de tiempo no se producirán nuevas declaraciones en relación con el caso: ni una nueva declaración del financiero, ni de otras personas que pudieran estar implicadas en la gestión de Grand Tibidabo y que forma ron parte del equipo del empresario ahora encarcelado.

El interrogatorio de De la Rosa se centró, precisamente, en cuatro operaciones concretas que, según juez, fiscal y acusación particular, ocasionaron un perjuicio a cientos de accionistas de Grand Tibidabo. El financiero, de acuerdo con las fuentes consultadas, negó que hubiera obtenido provecho de ellas. Sus respuestas no fueron escuetas, sino razonadas, puntualizaron los mismos informantes, que explicaron que De la Rosa contestó con tranquilidad las cuestiones.

Los 1.000 millones del aval público concedido a Tibigardens a través de Grand Península y que supuestamente fueron manejados por De la Rosa también fueron objeto del interrogatorio de la noche del pasado martes, aunque no con tanto detalle como las operaciones en las que se habrían desviaron fondos de Grand Tibidabo para la financiación de otras operaciones de De la Rosa.

El auto de prisión recoge esas mismas operaciones: una opción de compra por 900 millones de pesetas de Grand Tibidabo que finalmente revirtieron en una sociedad patrimonial de De la Rosa, la cancelación de deudas del financiero con Grand Tibidabo traspasando acciones de otra sociedad, concesión de créditos a empresas vinculadas a De la Rosa y operaciones en la constitución de Grand Tibidabo.

Agrupación de accionistas

Los hechos que se recogen en el auto inicialmente han sido calificados como delitos continuados de falsedad y apropiación indebida. La imputación de estafa persiste en la investigación del juzgado que, a la espera del resultado de otras pruebas, deberá perfilar si la intención inicial del financiero era la de engañar, cualificación básica del delito de estafa. Los delitos barajados hasta ahora están sancionados con penas que oscilan entre los 6 y 12 años, en el caso de la estafa y de la apropiación indebida, y de 6 meses a 6 años en la falsedad.

Unos 500 accionistas de Grand Tibidabo perjudicados por la actividad de De la Rosa han constituido una asociación para defender sus intereses.