Al margen de la ley
A principios de marzo de 1993, los directivos de Tele 5 convocaron una conferencia de prensa para explicar los resultados económicos de su cadena. Fue la última vez que lo hicieron. Dijeron entonces haber logrado beneficios por valor de 460 millones de pesetas en el ejercicio anterior -luego se supo que sólo un cambio de criterios contables permitió tal declaración- y jamás han vuelto a explicar sus cuentas. Mientras tanto, su audiencia disminuye: se encuentra por debajo de TVE y Antena 3 Televisión, que se mueven entre el 27 y el 28% de cuota de pantalla, frente al 16-17% de Tele 5.Si la gestión económica de esta televisión privada ha sido opaca, la propiedad de la misma ha atravesado por vericuetos realmente tortuosos. El Gobierno concedió la licencia a una empresa en que el grueso del accionariado estaba organizado en torno a tres capitanes de empresa: Germán Sánchez Ruipérez, del grupo editorial Anaya, con un 25%; Silvio Berlusconi, dueño de Fininvest, con otro 25%; y Divercisa, de la ONCE, también con el 25%. Se completaba con un 15% de Juan Fernández Montreal (Chocolates Trappa) y Ángel Medrano (Promociones Calle Mayor), con el 10%.
A principios de 1990, en vísperas del inicio de las emisiones, los proyectos de televisión del presidente de la cadena, Germán Sánchez Ruipérez, se enfrentaron con los de la ONCE y Berlusconi. La crisis terminó con la destitución de Sánchez Ruipérez y su sustitución por Miguel Durán. Las acciones de Sánchez Ruipérez fueron adquiridas por el financiero Javier de la Rosa.
Con esta composición se llegó hasta febrero de 1993. Dos grupos de accionistas traspasaron entonces varios paquetes de acciones. Ángel Medrano, propietario de Promociones Calle Mayor, vendió un paquete del 8% a la empresa Beta Films, del grupo alemán Kirch, socio de Berlusconi. Pero esto no era nada, porque poco antes, Kirch había comprado a Javier de la Rosa su paquete entero de Tele 5, por lo que volvía a producirse una situación de ilegalidad: un sólo accionista, el alemán Kirch, se quedaba con el 33% de la cadena española. El alemán trató de salvar el escollo legal traspasando el 8% sobrante a un banco.
La recomposición accionarial continuó con la entrada de Invermedia, una sociedad propiedad de Jacques Hachuel, que se quedó con el 10% de Tele 5, gracias a un crédito de Banesto que vence mañana y que va a ser ecutado.
La venta de la ONCE
Pero la burla mayor de la legalidad vigante ha sido el destino del paquete accionarial de la ONCE. En los primeros meses de 1993, esta organización se desprendió de un 18% de sus acciones, que están aparcadas en un banco de Luxemburgo. Además de la opacidad de la operación, ni siquiera se comunicó la variación al registro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes donde, un año después continuaba figurando Divercisa (ONCE) como la propietaria del 25% de Tele 5.Todas estas evoluciones de capital, muchas de ellas realizadas al margen de la ley española y sin control administrativo alguno, han permitido que el grupo empresarial vinculado al jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, controle casi el 90% del capital de Tele 5. El dato es fehaciente, porque ese es el porcentaje de acciones para el que la banca norteamericana Morgan Stanley busca comprador por encargo de Fininvest.
Toda una muestra de para qué sirven las leyes reglamentistas en España, o por lo menos, una ley de televisión privada que, en su artículo 19, proclama: "Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, directa o indirectamente, de más del 25% del capital de una sociedad concesionaria" y obliga a comunicar al Ministerio las modificaciones de escrituras. La misma ley añade, por cierto, que el Gobierno puede cancelar la concesión a una televisión privada en caso de incumplimiento de la misma.
