El euskera intenta abrirse paso

Diez años de programas de normalización lingüística han logrado incrementar en casi 100.000 personas el número de vascohablantes, pero no han disipado la carga simbólica que pesa sobre el euskera y condiciona su recuperación. Sobre el papel está todo dicho. Sin embargo, su espíritu sigue provocando tormentas en una sociedad en la que sólo uno de cada cuatro habitantes conoce las dos lenguas oficiales.Es utilizado tanto para invocar la integración como para la más radical de las segregaciones, pasando en horas de ser un niño mimado al fantasma que divide a la ciudadanía. En torno al euskera se han enroscado posiciones a favor y en contra, y miles de personas se han visto implicadas en el debate. La escuela y la euskaldunización de la Administración, los dos ejes fundamentales sobre los que el Gobierno vasco intenta avanzar en el camino del bilingüísmo, sufren más directamente las consecuencias. El armisticio político en el sistema educativo del País Vasco llegó con la firma del pacto escolar entre PNV y PSE. Después de varios intentos fallidos, los partidos que sustentan el Ejecutivo de Ardanza consensuaron en junio de 1992 las bases para reordenar un mapa educativo en el que, junto a las redes pública y privada de enseñanza, convivían las ikastolas.

Surgidas para hacer frente a la demanda de enseñanza en euskera cuando la Administración negaba esa posibilidad, las ikastolas se beneficiaron durante años de una sobrefinanciación con cargo al presupuesto público, gracias al apoyo que el PNV prestó a sus intereses.

Las leyes que derivaron del pacto escolar -la ley de la Escuela Pública Vasca y la de Cuerpos Docentes- marcaron el nuevo orden en el sistema educativo. Sólo pervivirían dos redes escolares, la pública y la privada, y las ikastolas debían optar por integrarse en una de ellas. Finalmente, 61 centros decidieron mantener su carácter privado y defender a ultranza su proyecto "de escuela vasca, de escuela que responde en su idioma a la cultura del país".

La oferta de modelos lingüísticos en la escuela no se ha alterado. Progresivamente, los modelos B (bilingüe) y D (enseñanza en euskera con el castellano como asignatura) van ganando terreno al A, en el que el castellano es la lengua vehicular y el euskera ocupa el rango de segundo idioma. El avance de euskera en la escuela ha permitido que entre 1981 y 1991 el porcentaje de bilingües se duplique y llegue casi al 40% en el segmento de edad entre cinco y 14 años. En el total de la población, en cambio, el conocimento de las dos lenguas sólo llega a un 25%. La elección queda a criterio de los padres.

El vicelehendakari y consejero de Educación, el socialista Fernando Buesa, señala que "los derechos lingüísticos quedan garantizados porque se ha actuado en función de la demanda social". Los centros de euskaldunización de adultos tendrán en sus aulas este curso 43.000 alumnos, en su mayoría funcionarios obligados por ley a demostrar sus conocimientos de vasco. Aunque no todos los empleados públicos tendrán que acreditar un determinado perfil lingüístico antes de julio de 1995. Han quedado exentos los mayores de 45 años y las personas con minusvalías.

Para todos los demás se ha aplicado un cálculo que tiene en cuenta el entorno sociolingüístico de cada puesto de trabajo. Los datos medios señalan que sólo el 33% de los funcionarios deberá aprobar los exámenes para mantenerse en su puesto. Aun así, el plan crispa a buena parte de los afectados. Las posiciones más críticas acusan al programa de euskaldunización de "filtro, imposición e intento de discriminación ideológica".

Los resultados obtenidos hasta ahora son desalentadores. A pesar de que el Instituto Vasco de Administración Pública sostiene que el 80% de estos funcionarios logrará cumplir el objetivo, en las últimas pruebas casi la mitad suspendieron el examen, un porcentaje muy similar al registrado en anteriores convocatorias.

El proceso de extensión de la lengua cuenta con abundantes recursos económicos. Extender el bilingüísmo cuesta a cada ciudadano de la comunidad vasca 2.500 pesetas al año. "Un coste insoportable", en opinión de UGT, y escaso para las organizaciones que demandan mayor presencia social del idioma vasco. En los últimos 11 años las cantidades destinadas directamente a la euskaldunización por la Administración autonómica y las diputaciones suman más de 56.000 millones de pesetas, sin contar el dinero invertido por los ayuntamientos.

El dinero no sirve, sin embargo, para potenciar el mecanismo más eficaz: la transmisión familiar. "Si no somos capaces de llevar la lengua a las relaciones familiares, el proceso de euskaldunización no podrá salir adelante. El idioma se empobrece", advierten los expertos. "Corremos el riesgo de reducir el euskera a una lengua de un sólo registro".