Más de la mitad de los futuros guardias civiles procederán de las Fuerzas Armadas

Más de la mitad de los futuros guardias civiles procederán de las Fuerzas Armadas, según el proyecto de ley del Régimen del Personal de la Guardia Civil que hoy aprobará definitivamente el Pleno del Congreso. Una enmienda, introducida en el Senado, señala que "al menos un 50% de las plazas para el acceso a la escala básica de cabos y guardias del Cuerpo de la Guardia Civil se reservará para los militares de empleo de la categoría de tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas que lleven al menos tres años de servicios efectivos como tales".Con esta enmienda del Grupo Socialista se refuerza la vinculación de la Guardia Civil con las Fuerzas Armadas pero, a diferencia de lo que es tradición, que los mandos del instituto procedieran del Ejército, ahora serán los guardias de base los que lo hagan. El propósito de la enmienda es facilitar la recolocación de los soldados y marineros profesionales, al término de su compromiso militar.

Las Fuerzas Armadas tendrán, a final de año, 27.000 efectivos de tropa profesional. Esta cifra se elevará a 31.000 en 1995 y a 50.000 al final de esta legislatura. Teniendo en cuenta un tiempo medio de permanencia de cuatro años, anualmente abandonarán el Ejército entre 10.000 y 15.000 soldados y marineros profesionales. El Ministerio de Defensa ha arbitrado diversos mecanismos, como reservarles el 60% de las plazas de ingreso en las academias de suboficiales, para facilitar su salida laboral.

El pleno del Congreso también ratificará la ley de reforma del Poder Judicial, uno de cuyos apartados afecta igualmente a las Fuerzas Armadas: el que reserva a la Audiencia Nacional la competencia exclusiva sobre los recursos contencioso-administrativos de los militares en materia de ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.

Esta disposición pretende acabar con el problema originado por la disparidad de criterios de los tribunales superiores de las comunidades autónomas, competentes hasta ahora. El tribunal de Aragón, por ejemplo, ha estimado los recursos de la Escala Auxiliar, rechazados por sus homólogos de Madrid, Andalucía y Galicia; lo que ha dado lugar a saltos, desajustes y discriminaciones en los escalafones.