España aceptaría "como oferta límite" el fin de las redes de volanta en 1997

El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Atienza, afirmó ayer que la propuesta del Ejecutivo comunitario de prohibir totalmente las redes de volanta de aquí a finales de 1997 "pudiera ser aceptable como oferta límite". Los Doce iniciaron ayer una discusión política sobre este tema, a petición de España, conscientes de que no pueden tomar ninguna decisión ya que todavía no ha sido aprobado el informe del Parlamento europeo sobre la citada propuesta. En cuanto a las negociaciones de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, "las espadas siguen en alto", según confirmó Atienza tras entrevistarse con el comisario responsable del sector, Yannis Paleokrassas.España volvió ayer a insistir ante sus homólogos comunitarios sobre la necesidad de prohibir a finales de año las "cortinas de la muerte" para la defensa de una pesca sostenible. Frente a la postura de Luis Atienza, la mayoría de países son partidarios de mantener la situación actual, mientras que otros como Francia piden aumentar el actual límite de 2,5 kilómetros de longitud de las citadas artes de pesca.

El debate celebrado ayer revela que España está prácticamente aislada a nivel de la Unión Europea y sólo puede contar con el apoyo de Grecia y Portugal para imponer su postura. Ante esta situación Luis Atienza reconoció que podría aceptar la propuesta de la Unión "como oferta límite". Esta propuesta, pendiente de un informe del Parlamento europeo, que en principio debe ser aprobado hoy en el pleno de Estrasburgo, sólo prevé la eliminación total de las redes de enmalle a la deriva en 1997. De no aprobarse lo antes posible una decisión al respecto en la UE, "los casi 700 barcos que componen la flota española amenazan con utilizar las redes de enmalle a la deriva", recordó Atienza a sus colegas ministeriales.

Presión de Marruecos

Por otra parte, en el marco de las negociaciones con Marruecos, el comisario europeo informó a los Doce de la voluntad de Rabat de reducir el esfuerzo de pesca de la flota comunitaria en sus aguas territoriales. Para Luis Atienza esta propuesta es inaceptable y su aprobación constituiría un precedente peligroso porque plantea una incertidumbre sobre el grado de 'compromiso de los acuerdos internacionales de la UE con países terceros.

Una posible vía de salida a este conflicto podría ser un avance, que se espera para las próximas semanas, en las negociaciones entre la UE y Marruecos para lograr un acuerdo de cooperación global. Este futuro acuerdo no puede sin embargo modificar el actual acuerdo de pesca con el reino alauita, según advirtió Atienza. Para evitar una ruptura unilateral del acuerdo por parte de Marruecos, los Doce aprobaron ayer nuevas líneas directrices para que Yannis Paleokrassas continúe la negociación con Rabat, lo que no implica un nuevo mandato de negociación para modificar este convenio.

Finalmente, en la propuesta de la CE de integrar la flota española y portuguesa a la política pesquera común, los Doce no lograron ningún avance. España exigió el cumplimiento del compromiso político derivado de las negociaciones de ampliación que prevé la integración de las dos flotas en enero de 1996. Esta decisión se debe aprobar antes de finales de año para que se realice en paralelo a la integración de los cuatro candidatos. Para Luis Atienza, el respeto de este compromiso, que suprime la discriminación de la flota española, "es imprescindible e irrenunciable".

En el mes de julio España ya avisó a sus socios comunitarios de un posible veto" a la ampliación de no respetarse el citado pacto político. La propuesta de la Comisión Europea, según reconoció el ministro español, complica el proceso de decisión ya que además de la integración de las dos flotas, incorpora un endurecimiento de las medidas de control para el resto de los 10 Estados miembros.

La presidencia alemana de turno de la UE confía en alcanzar este acuerdo de aquí a finales de año. En la reunión de ayer España exigió a sus socios comunitarios que supriman la discriminación de la pesca española incluso si no se alcanza un consenso sobre el nuevo sistema común de controles.