El misterio de las viviendas hinchables

Es el enredo de las casas hinchables. Un enigma envuelto en otro enigma, y todo ello rodeado de gran misterio, como en el cine. La calle 619 de La Cañada, un zona residencial a 10 kilómetros de Valencia, es el escenario de los mil líos. Once propietarios afectados han iniciado su peregrinar por la Administración, desde la autonómica a la municipal. Finalmente, han acudido a otra de las administraciones posibles, la de Justicia.Una promotora, Provimo, presentó en el Ayuntamiento de Paterna, del que depende La Cañada, un proyecto para construir 16 viviendas unifamiliares de protección oficial cuyo precio no debería superar los 9,4 millones de pesetas. Las casas no tendrían más de 90 metros cuadrados, según el expediente. Era el año 1987.

Las viviendas comenzaron a hincharse poco después. Cuando las obra s estaban finalizadas, en 1990, los promotores presentaron una certificación en la Consejería de Obras Públicas en la que afirmaban que las unifamiliares se ajustaban al proyecto en cuanto a su superficie (90 metros), pero obtuvieron una certificación oficial de 126 metros cuadrados por unifamiliar.

Algo no encajaba. Pero la realidad llegó más lejos y todas aquellas cifras se quedaron cortas: las casas superan los,300 metros cuadrados y fueron vendidas por más de 20 millones. Sus propietarios las compraron conociendo estos últimos datos y nunca pensaron que las casas pudieran estar registradas como viviendas protegidas.

La desagradable situación fue descubierta la pasada primavera, cuando los conflictos colaterales de algunos compradores con los promotores les llevaron a interesarse por los detalles del expediente. Algunos llevaban viviendo más de, tres años en las. casas de los líos. La sorpresa inicial se torné estupor cuando el pasado mes de abril les fue revelado que la Generalitat había cobrado a los promotores las tasas en función de su cualidad de viviendas de protección oficial (VPO). Sin embargo, expedía una cédula de habitabilidad de renta libre.

El estupor dejó paso entonces al pánico. Cuando denunciaron el hecho ante el Ayuntamiento de Paterna, el alcalde y el concejal de Urbanismo les explicaron que iban a abrir un expediente sancionador a la empresa promotora, como era su obligación. "Lo que sea le galizable se regularizará, pero el resto, posiblemente, será de molido", les explicaron en el ayuntamiento, donde insisten en que se trata de un conflicto entre unos compradores y unos vendedores.

Sus entrevistas con el propio consejero de Obras Públicas valenciano y con el director general de la Vivienda apenas les han ayudado. Once de estos compradores han acudido a la vía penal contra el gerente de Provimo y el arquitecto de las obras. Ayer, los querellados acudieron al juzgado, pero se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

La promotora obtuvo grandes bonificaciones fiscales presentando el proyecto como de protección oficial. Además; pudo construir 16 viviendas en una parcela que no hubiera admitido más de seis con la volumetría real. Y los compradores viven ahora en unas casas no legalizadas definitivamente y sobre las que pende una amenaza de demolición, al menos parcial su peregrinaje administrativo, sospechan, sólo está comenzando.

Los lectores que deseen exponer sus casos pueden, enviarlos, documentados, en carta dirigida a El laberinto. Sección de España. EL PAÍS. Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid.