EE UU amenaza de nuevo con sancionar a Japón
A una semana de que se cumpla el ultimátum de EE UU para que Japón abra sus mercados, el gobierno norteamericano golpea los tambores de la guerra comercial: "Si no se llega a un acuerdo antes del 30 de septiembre, el presidente tendrá que considerar soluciones en el marco de las leyes comerciales de EE UU% advirtió ayer la Casa Blanca tras la fracasada entrevista del presidente Clinton con el ministro de Exteriores japonés Yohei Kono.La amenaza de las sanciones "para defender el compromiso de abrir los mercados japoneses a los bienes y servicios de EE-UU ya se había perfilado en la entrevista mantenida el miércoles entre Kono y Mickey Kantor, responsable de Comercio Exterior: "No se mueve nada. No han llegado a ningún acuerdo", fue la escueta valoración de, un colaborador de Kantor.
Si la escalada no se detiene, a partir del 30 de septiembre los norteamericanos podrían aplicar sanciones sobre cualquiera de los numerosos productos que los japoneses exportan a EE UU, desde automóviles y repuestos hasta vidrio e informática: "No podemos prescindir de nuestro arsenal de medidas unilaterales, porque dirigen toda la fuerza de las normas comerciales contra los países que se niegan a desmantelar sus barreras", ha dicho Lawrence Summers, subsecretario del Tesoro.
El ultimatum de Washington señala que o se abren los mercados a las exportaciones norte-americanas o habrá sanciones. Mickey " Kantor se defiende de las acusaciones de Tokio que señalan que esta guerra tiene como objetivo el establecimiento de un comercio controlado por los gobiernos en lugar de por las leyes del mercado: "El derecho a tomar represalias contra las discriminaciones es esencial. Nuestras normas son importantes si queremos seguir dirigiendo la apertura de mercados".
El frente bélico es doble: el acceso de empresas norteamericanas al sector público japonés en los sectores de telecomunicaciones y tecnología médica y las discriminaciones arancelarias y de mercado que pueden ser objeto de sanciones de acuerdo con la Ley Super 301, que da al gobierno facultades de represalia contra países que mantienen prácticas comerciales discriminatorias.
Ayer el Partido Socialista japones y sus dos partidos socios en la coalición de Gobierno alcanzaron ayer un acuerdo para subir del 3% al 5% el impuesto de consumo a partir de 1997, lo que elimina la principal fuente de discordia que ha llegado a amenazar su continuidad en el poder.
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