Siete años de cárcel por estafa para un ex consejero de Pujol
La oposición parlamentaria catalana exigió de forma unánime responsabilidades políticas al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, al conocerse ayer la sentencia de la Audiencia de, Barcelona que condena a siete años de cárcel al ex consejero de su Gobierno y ex director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) Jordi Planasdemunt por un delito de estafa.
El tribunal considera probado que, entre 1990 y 1992, Planasdemunt participó con ánimo de lucro en la emisión de unos pagarés falsos de la sociedad BFP que supuso una estafa de 2.300 millones de pesetas a centenares de pequeños inversores. Todos los partidos han coincidido en que el Gobierno catalán debe dar explicaciones y depurar responsabilidades por el nombramiento de Planasdemunt y su mantenimiento en el cargo durante meses, pese a que ya se habían descubierto sus actividades irregulares.
En el centro de la tormenta política está el consejero de Economía, Macià Alavedra, superior jerárquico de Planasdemunt cuando estaba al frente del ICF, dado que conoció la incompatibilidad de sus actividades privadas sin tomar medidas. Jordi Pujol anunció desde Marruecos que la sentencia no afectaría al Gobierno catalán.
Las exigencias de que Pujol afronte responsabilidades van desde el PP hasta los independentistas de ERC. Los socialistas catalanes, cuyas críticas son muy mesuradas desde que CiU apoya al Gobierno del PSOE, se sumaron también a las demandas.
La Sección Novena de la Audiencia señala en la sentencia que los inversores confiaban en la bondad de los pagarés de BFP tanto por la aparente solvencia de las empresas que los giraban contra facturas de grandes compañías -Telefónica y Repsol entre ellas- como "por el perfil de los socios", en particular de Planasdemunt, en su calidad de director del ICF, "cargo que le proporcionaba información privilegiada". Página 15
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