El fondo de ayuda a las víctimas de la violencia entrará en vigor en 1996

El fondo de asistencia a las víctimas de delitos violentos, cuya creación prepara el Ministerio de Justicia e Interior, empezará a funcionar en 1996 y no tendrá carácter retroactivo, según indicaron fuentes de este departamento. Los damnificados por hechos anteriores a la entrada en vigor del fondo recibirán asistencia si la siguen necesitando, pero no tendrán derecho a cobrar atrasos, dado el alto coste económico que implicaría una medida de este tipo, explicaron las mismas fuentes.

El funcionamiento de este fondo será regulado por un proyecto de ley que próximamente aprobará el Consejo de Ministros. Teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria llevará varios meses, no será posible incluir una partida con este fin en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, que entrarán en el Congreso antes del 1 de octubre, agregaron las mismas fuentes.El proyecto que ultima el Ministerio de Justicia e Interior tiene carácter "asistencial" y no se limita al pago de compensaciones económicas, sino que prevé cualquier tipo de apoyo legal, sanitario o psicológico que puedan necesitar las víctimas de delitos violentos intencionales, lo que incluye los atentados terroristas y excluye los accidentes.

Las indemnizaciones se fijarán en función de unos baremos que tendrán en cuenta no sólo la gravedad de los delitos, sino también la situación económica de los damnificados.

Se compensarán los daños efectivos sobre la capacidad económica de la víctima o su familia, así como los gastos sanitarios y funerarios, cuando no estuvieran cubiertos por un seguro; pero no los daños morales, que con frecuencia son cuantificados económicamente por los jueces. Habrá, asimismo, un límite máximo para la cantidad que puede percibirse con cargo al erario público.

La responsabilidad de indemnizar a las víctimas corresponde a los delincuentes, por lo que el Estado sólo desembolsará ayudas económicas cuando se demuestre la insolvencia del condenado o no sea posible identificar al culpable. Se arbitrarán fórmulas para atender situaciones de necesidad y urgencia, anticipando indemnizaciones antes de que haya sentencia firme.

El Estado podrá recuperar parte del dinero abonado subrogándose el derecho a cobrar del delincuente la indemnización por responsabilidad civil que corresponda a la víctima o percibiendo el importe del seguro, cuando lo hubiera.

Convenio europeo

Fuentes de Justicia e Interior admitieron que el Gobierno tenía ya listo un proyecto de ley sobre este tema en marzo de 1993, que ha servido como base al actual texto. La experiencia de los países que cuentan con un fondo de estas características -como Francia o Bélgica, entre otros- y las recomendaciones del convenio del Consejo de Europa sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, de 24 de noviembre de 1983, también se han tenido en cuenta.El proyecto incluye igualmente el programa de centros de asistencia a las víctimas de delitos violentos que Justicia e Interior ha puesto en marcha en Las Palmas, Valencia, Bilbao y Palma de Mallorca mediante acuerdos con ayuntamientos y comunidades autónomas, y que se propone extender a otras grandes ciudades.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, declaró ayer a Radio Nacional que "hay que hacer una ley que articule la solidaridad y, a ser posible, evite el riesgo de la demagogia". El ministro agregó que, en contra de lo que ha sugerido el PNV, no puede hacerse ninguna excepción con los terroristas a la hora de pagar las indemnizaciones civiles fijadas por los tribunales. "Eso es una función judicial que no admite excepciones y que debe funcionar cualquiera que sea el delincuente", dijo.

"Lo razonable es que primero pague el delincuente. Pero si carece de medios, lógicamente debe el Estado también amparar a esas víctimas. Es muy importante que quien ha cometido un delito sepa que, además de la pena privativa de libertad, ha causado unos daños y debe repararlos. Es también un factor positivo de integración", concluyó.

Aunque no lo citó expresamente, el ministro cifró en unos 700.000 millones de pesetas el coste de la proposición de ley sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos presentada el lunes por el Grupo Popular.