El fraude de Osakidetza coloca en difícil situación a los socialistas vascos

Los rostros serios que mostraban ayer en San Sebastián los dirigentes socialistas vascos en el acto de arranque de la precampaña electoral autonómica eran fiel reflejo de la grave situación interna que atraviesa el PSE-EE tras el procesamiento de ocho militantes -entre ellos, el visecretario general, José Luis Marcos Merino- por el fraude de las oposiciones a la sanidad pública (Osakidetza) de 1990. Hasta el próximo martes, el secretario general, Ramón Jáuregui, no hablará sobre el asunto.

La lenta reacción que está mostrando la dirección del partido ha provocado posiciones discrepantes dentro de esa formación política. También el Partido Popular declaró ayer, a poco más de un mes de las elecciones autonómicas, que la sociedad está esperando ver dimisiones por este escándalo.El consejero de Justicia del Gobierno vasco, el socialista José Ramón Recalde, ha pedido a la dirección de su partido que asuma responsabilidades porque, a su juicio, el fraude "no es un indicio, sino una evidencia". Recalde asegura que en la oferta pública de empleo de 1990 de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, se cometió "un fraude importante" con el propósito de "beneficiar" a militantes del PSE-PSOE y de la UGT o a personas cercanas a ambas organizaciones.

Unos 50.000 ciudadanos que aspiraban a una plaza se vieron afectados en 1990 por el fraude. La dirección de Osakidetza se encontraba en manos socialistas cuando se realizó la oferta de empleó. Se trataba de 2.500 plazas para todos los niveles de la Sanidad Pública y se manipularon 581 exámenes en beneficio de 363 opositores, la mayoría de ellos vinculados al PSE y UGT.

Algunos de los beneficiados por el fraude consiguieron obtener plaza en todos los puestos a los que se habían presentado. Cuatro años después, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, Gregorio Álvarez, ha dictado un auto la pasada semana en el que implica, al menos en grado de encubridor, al vicesecretario general del PSE-EE, José Luis Marcos Merino, y a otras 11 personas más, entre ellos varios ex responsables socialistas del Servicio Vasco de Salud.

Ramón Jáuregui se negó ayer a hacer declaraciones sobre el caso Osakidetza y se limitó a decir que es consciente de que su partido tiene que responder, pero anunció que hasta el martes no comparecerá ante la opinión pública para dar a conocer las medidas que él y su partido han adoptado. "Soy conciente de que tenemos que dar una respuesta y punto. No digo más", indicó.

El secretario general del Partido Popular vasco, Carlos Iturgáiz, pidió a Jáuregui desde Getxo (Vizcaya) que se dé cuenta de que la sociedad está pidiendo dimisiones en el partido socialista y expresó su opinión de que Marcos Merino "está ya dimitido por la sociedad" vasca.

El dirigente del PP instó a los socialistas vascos a que establezcan y reconozcan sus responsabilidades en el fraude masivo de las oposiciones y añadió, según informa Europa Press, que el secretario general le está haciendo un flaco favor tanto al PSE-EE como a los ciudadanos con su actitud de mantener silencio y eludir todo pronunciamiento.

Iturgáiz anunció que su partido convertirá el escándalo en objeto de debate electoral y dijo que si los socialistas esperan otra cosa "van dados". "De qué quieren que hablemos", se preguntó, "si pretenden que no se mencionen Osakidetza, el paro, la desindustrialización o el terrorismo".