Demasiados folios para un tribunal

Muchos de los 100 empresarios y ex altos cargos de la administración que hoy acudirán al Palacio de Justicia de Barcelona creyeron que nunca llegaría este día. Pero más de 11 años después de que estallara el escándalo del fraude a la Seguridad Social en la capital catalana, tres magistrados juzgarán lo que ocurrió. 100 empresarios. y ex funcionarios, 44 abogados defensores y las acusaciones se sentarán en el gran vestíbulo de la Sala de los Pasos Perdidos de la Audiencia, habilitada para dar cabida al macrojuicio. En enero de 1983, muchos de los acusados negaron haber cometido cohecho, estafa y falsedad en documento. Sin embargo, más de una década después, la gran mayoría de ellos admiten ser culpables y hoy tienen previsto manifestar al tribunal que se conforman con la petición de penas que hace el fiscal.Por eso, el descomunal banquillo de los acusados se vaciará el primer día del juicio. Con toda probabilidad, no serán más de una quincena los que sean juzgados por un fraude que ascendió a casi 4.000 millones de pesetas. Entre las penas que pide el fiscal hay un amplio abanico que va desde meses de arresto a peticiones de 10 años de cárcel para los ex cargos de la Inspección del Trabajo.

El resumen del mecanismo del fraude consistía en una rebaja considerable de la deuda de la cuota patronal de la Seguridad Social. Para ello se alteraban los documentos salariales y hasta el número de trabajadores de una determinada empresa. Los funcionarios implicados cobraban una comisión por la maniobra. Eran tiempos de crisis en la industria textil catalana y muchos próceres de ella no dudaron en apuntarse al sistema. Dice el fiscal y las otras acusaciones que eso hicieron, entre otros, Rosendo Puigneró -Hilados y Tejidos Puigneró, considerada la primera industria textil algodonera de España-, Javier Juncadella Salisachs, de Coma Cros SA. El escánadalo fue terrible: 18.000 trabajadores de más de un centenar de empresas estaban afectados.

Problemas con las fotocopias

La particularidad de este fraude no es tanto el importe sino la complejidad de la instrucción que, además, estuvo marcada desde su inicio por los continuos retrasos y dilaciones. Como si fuera una premonición de lo que se le podía venir encima, al juez de guardia que una noche de enero de 1983 le fueron presentados los primeros detenidos le faltó tiempo para pasar el asunto al decano para que lo repartiera por sorteo. El juzgado agraciado fue el dos de instrucción.Un juez que entonces tenía 30 años, Francisco Javier Béjar, y un fiscal, Eduardo Peña, consiguieron ser temidos por empresarios y abogados. Ni unos ni otros estaban acostumbrados al espectáculo de un industrial conducido esposado desde el cuartel de la Guardia Civil al juzgado y de allí a la cárcel Modelo. La estancia media de los que pisaron las galerías de la calle de Entenza fue de unas dos semanas. Los tres supuestos cerebros y entonces altos funcionarios de Trabajo, Graciniano Gómez Catón, Ramón Ballesteros y su secretario, Francisco Gilabert, huyeron del país. Al cabo de un año, ya estaban a disposición de la justicia.

Pero el procedimiento ha pasado por múltiples fases y también de manos. De hecho, cinco jueces tuvieron que estudiarse todos los papeles: 200.000 folios de actuaciones. Cuentan los abogados que están en el caso desde su inicio que fue muy complicado ejercer su oficio. Al principio, no les permitían hacer fotocopias de los documentos y tenían que tomar notas.

Luego llegaron a un acuerdo y pagaban 1.500 pesetas a la hora a un funcionario. La fase tal vez más dinámica fue la inicial, hasta que se produjeron los procesamientos. Pero casi la totalidad de las decisiones del juzgado provocaban los recursos de las defensas.

Muchos de los incidentes procesales se alargaron durante meses, algo lógico, en parte, por que se trataba de más de un centenar de encausados. Al cabo de dos años de iniciarse la tramitación, el juez tomó la iniciativa de fraccionar el sumario en tantas causas como empresas había: 99. Todos los abogados pusieron el grito en el cielo y aunque lo negaron, y lo seguirán negando, la causa principal era la certeza de que un sólo sumario de semejante envergadura tardaría años en llegar a juicio. Así ha ocurrido. Pero, además de los posibles escollos de las partes, el juez se encontró con tardanzas exagaredas de la Administración cuando le eran requeridos informes y dictámenes.