Sala pide ante el Rey una reforma legal que evite discrepancias entre el Supremo y el Constitucional

JULIO M. LÁZAROEl presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, pidió ayer en su discurso de apertura del año judicial, pronunciado ante el rey Juan Carlos, que se delimiten claramente las funciones del Supremo y el Constitucional para evitar conflictos entre ambos tribunales. El presidente del Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero, no se quedó a la recepción ofrecida después de la ceremonia y abandonó el Palacio de Justicia tras subrayar su condición de miembro de un tribunal "que no emite opiniones, sino que dicta sentencias".

La contundencia de Sala en la defensa de la jurisdicción ordinaria frente a la progresiva invasión de funciones por parte del Constitucional dejó en situación algo desairada al presidente Rodríguez-Piñero, que prefirió no emitir juicios en caliente y se remitió a la conferencia que pronunciará en un próximo congreso jurídico en la que aclarará su opinión.En su habitual tono moderado, Sala dirigió una profunda crítica a la fiscalización que el Constitucional hace de los tribunales ordinarios y abogó por una reforma legislativa que impida que "el recurso de amparo se limite, casi única y exclusivamente, a ser un medio de control del juez".

Sala atribuyó al Constitucional una interpretación extensiva de sus competencias, en detrimento de las que corresponden a los tribunales ordinarios en la protección de derechos fundamentales. Insistió en que al Supremo le corresponde unificar los criterios de interpretación, en tanto que el Constitucional debe resolver sobre la constitucionalidad de las leyes.

El presidente del Supremo no ahorró críticas por la "impresión de perplejidad" que produce, dijo, un Constitucional que examina cada demanda de amparo que no se otorga en la vía judicial. Sala subrayó la "fatalidad" que buena parte de los tratadistas ven en esta práctica, frente a la que creen que no cabe más que la "autorrestricción" del Constitucional.

Contra esta "condena a la resignación" como salida más conveniente, Sala propuso una reforma legislativa que haga posible que los recursos que invocan violaciones de derechos fundamentales imputables a los jueces se resuelvan por los tribunales superiores de justicia o por el Supremo, según el asunto de que se trate.

Al término del acto, la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, dijo, a preguntas de los informadores, que su departamento está elaborando un anteproyecto que desarrollará el artículo 55.2. de la Constitución, para delimitar los ámbitos de actuación de los tribunales ordinarios y el Constitucional, en la línea con lo solicitado por Sala.

Previamente, el fiscal del Estado, Carlos Granados, asumió el compromiso de perseguir la corrupción y, aunque no utilizó este término, proclamó que atajará con el máximo rigor toda manifestación delictiva, afecte a quien afecte, incluidos los más poderosos", sin tener en cuenta la ideología ni el poderío económico de sus destinatarios. Granados precisó que la facultad del Gobierno de poder interesar al fiscal para que promueva acciones en defensa del interés público "no entraña, sin embargo, una obligada actuación por parte del ministerio fiscal".