El interventor del Defensor del Pueblo Andaluz, en prisión por apropiación de fondos y falsedad

Cristóbal Valero Portillo, interventor de la Unidad de Tramitación Administrativa responsable de la habilitación y contabilidad de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, fue detenido el pasado 30 de agosto e ingresado en la prisión Sevilla-1 al día siguiente, acusado de los delitos de malversación, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos oficiales, y de la apropiación de fondos públicos del citado departamento en una cantidad superior a los 30 millones de pesetas. La juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Margarita Barros, quien ordenó el ingreso incondicional en prisión de Valero, donde permanece, instruye el caso desde el, 13 de agosto tras una denuncia de la Fiscalía sevillana.

Según los datos conocidos ayer, Valero Portillo desvió, durante un periodo de tiempo aún indeterminado, las cantidades retenidas a los trabajadores de la Oficina del Defensor en concepto de mutualidad asistencial, así como las retenciones del IRPF. Igualmente, las irregularidades detectadas alcanzan, según fuentes judiciales, a la falsificación de cheques y talones bancarios, así como la de recibos de anticipos librados a cuenta por la Oficina del Defensor.Según una nota facilitada ayer por el Defensor del Pueblo Andaluz, las irregularidades contables fueron detectadas el pasado trimestre por el jefe de negociado de la citada Unidad Administrativa de Régimen Económico, quien nombró a un contable para que las comprobara a fondo. La investigación, concluida a finales de julio, determinó, según la propia institución "la existencia de presuntos delitos de malversación, apropiación indebida y falsificación de documentos públicos".

Otras fuentes aseguran que las irregularidades fueron detectadas, en principio, en una auditoría realizada a la mutualidad que acoge a los funcionarios públicos, la Munpal, a la que cotizan algunos de los 41 trabajadores de la oficina.

Tras el cese en sus funciones de Valero Portillo, Conde Pumpido, se entrevistó el pasado 12 de agosto con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores, a quien expuso el caso y entregó toda la documentación, recogida en un informe de 80 páginas.

El fiscal, tras el análisis de los documentos, formuló al día siguiente, 13 de agosto, una querella ante el juzgado decano de Sevilla por malversación, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos, solicitando el ingreso en prisión de Valero Portillo. El caso recayó en la titular del juzgado número 2, Margarita Barros, quien mantiene la causa en periodo de práctica de diligencias.

Barros ordenó el pasado 19 de agosto diversas gestiones al Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía, cuyos funcionarios, tras intervenir diversos datos bancarios, procedieron a la detención de Valero Portillo el pasado 30 de agosto, así como al registro de su domicilio ubicado en la localidad sevillana de Tomares.

Conde Pumpido solicitó ayer su comparecencia ante la Comisión de Gobierno del Parlamento para explicar el caso. El presidente de la asamblea, Diego Valderas (IU), ha encargado al consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía que audite la contabilidad de la Oficina del Defensor.