De necesidad, virtud

POCAS DUDAS hay de que, al ofrecerse a negociar los presupuestos presentados por el Gobierno, Aznar piensa menos en las cuentas del Estado que en minar la alianza del PSOE con los nacionalistas. Después de meses diciéndole a Felipe González que debía dimitir porque su suicidio político era la única forma posible de salvar a España de la catástrofe, la oferta de matrimonio de Aznar no deja de ser inconsecuente. Pero sí ello es así, lo que este amago pone de relieve es, precisamente, la ausencia de sintonía entre los dos primeros partidos españoles -el del Gobierno y el que gobernará algún día- respecto a los nacionalistas. Es decir, respecto al objetivo último de la política autonómica: la integración de los nacionalismos vasco y catalán en la normalidad constitucional.El tremendismo de las críticas a la alianza de González y Pujol ensancha día a día la brecha existente sobre esa cuestión. Resulta inquietante la perspectiva de que la única alternativa a la alianza del PSOE con Pujol (y Arzalluz) sea un partido conservador frontalmente opuesto al catalanismo y al nacionalismo vasco. Eso sí que sería la vuelta a las dos Españas que la Constitución de 1978 intentó -y logró en su momento- superar.

El catalanismo (y en menor medida el nacionalismo democrático vasco) ha tenido siempre un componente de participación en la política española que sería una peligrosa insensatez desanimar. En ese sentido, tiene razón González cuando habla de la oportunidad que las circunstancias ofrecen para impulsar una mayor incorporación de ambos nacionalismos a la vida política española y su mayor compromiso con el Estado. Pero también es lícito preguntar por qué, si este objetivo es tan importante, no se intentó el acercamiento cuando, disponiendo de mayoría absoluta, el PSOE pudo hacerlo Con menor riesgo y sin suscitar las desconfianzas de ahora. Es dificil esquivar la sospecha de que en este asunto los socialistas están haciendo de la necesidad, virtud; de la necesidad de apoyo parlamentario coyuntural, el virtuosismo de estar resolviendo un problema histórico.

Es cierto que la monserga de algunos agitadores de Aznar -a veces con apoyo de Anguita- sobre la entrega del Gobierno en manos de Pujol también resulta irritante. Todo pacto entre un partido principal y otro que completa la mayoría tiene algo de leonino, en el sentido de que el segundo intenta sacar una rentabilidad mayor a la que corresponde a su peso real. Aquí falta experiencia, pero es algo habitual en la mayoría de las democracias parlamentarias, incluyendo las que, como Bélgica, tienen un mapa político en que se Cruzan las adscripciones ideológicas con las fidelidades nacionales.

Pero ese mismo ejemplo, y sus dificultades objetivas, alertan de la singularidad de un pacto de gobernabilidad en el que una de las partes proclama expresamente que su fidelidad primordial es territorial. Es decir, que en el límite siempre elegirá lo más conveniente para su territorio, aunque ello pudiera resultar contraproducente para el conjunto. Está en la naturaleza de las cosas que un partido nacionalista obedezca ante todo a criterios particularistas, aunque también se interese por los generales. Pero tampoco puede partirse de esa constatación para negar a los nacionalistas el derecho a participar en la gobernabilidad. Más bien parece conveniente animar a esa participación, que es además una consecuencia casi inevitable (a la vista de los programas de los diversos partidos) de los resultados de las elecciones del 64.

Hay, pues, mucha hipocresía en algunos patrióticos rasgamientos de vestiduras. El patriotismo constitucional es inseparable hoy del reconocimiento del pluralismo nacional de España y, por tanto, de su organización autonómica. Pero aun en los casos en que las lealtades de los nacionalistas a su. ideología y al proyecto común de Estado son compatibles, la transparencia de los acuerdos es una condición ineludible del pacto. Aquello que no admita ser ventilado en público deberá dejarse, al menos de momento, de lado. Y un pacto de gobierno con el nacionalismo no tiene por qué excluir un acuerdo de los grandes partidos nacionales sobre el marco autonómico mismo, que impida su cuestionamiento por motivos coyunturales.