Estado ha pagado ya 62.686 millones de pesetas por el síndrome tóxico

La Oficina de Gestión del Síndrome Tóxico, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha pagado 62.686 millones de pesetas desde que se produjo el envenenamiento por aceite de colza, en 1981. Parte de este dinero se deducirá de la indemnización que, por casi medio billón, deberá abonar el Estado si es condenado como responsable civil subsidiario en el juicio a ex cargos de la Administración de UCD.

Según datos oficiales, hasta el 31 de diciembre de 1993, la mayor partida ha sido la de ayudas familiares complementarias que, con 34.112 millones de pesetas se ha llevado más de la mitad del total pagado. Esta factura no incluye los gastos de hospitalización, con cargo al presupuesto ordinario de la Seguridad Social.Sí figuran, en cambio, las indemnizaciones por fallecimiento -algo más 1. 500 millones de pesetas entre viudedad, orfandad y otras ayudas-, a razón de tres a cuatro millones de pesetas por víctima, frente a los 15 millones que fija el auto dictado el lunes por el juez Carlos Bueren.

El coste del síndrome tóxico ha sido de 5.000 millones anuales de promedio durante estos 13 años, con un mínimo de 248 millones en 1981, cuando se produjo el envenamiento, y un máximo de 5.688 millones al año siguiente. En 1993, ascendió a 5.261.

El número de afectados, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asciende actualmente a 19.749, frente a los más de 23.000 que contabiliza la Coordinadora Nacional de Afectados por el Envenenamiento con Aceite de Colza.

No es ésta la única discrepancia entre la Administración y el colectivo de afectados. Juan Antonio Sánchez González, portavoz de la coordinadora, cifra en 1.200 los fallecidos, el doble de los reconocidos oficialmente, y en 4.000 quienes sufren invalidez permanente.

A este respecto, asegura que no se está cumpliendo la orden que dictó la Audiencia Nacional para que se practique la autopsia a todos los afectados que fallezcan y que sólo se realiza un seguimiento clínico al 30% de los enfermos, en contra de lo dispuesto en 1993.

Sánchez desconfía, además, del destino de los más de 62.000 millones gastados oficialmente y reclama una auditoría para saber cuánto se ha empleado en el pago de alquileres, funcionarios, viajes de altos cargos e investigaciones infructuosas. La primera responsable de la Oficina de Gestión del Síndrome con el PSOE, recuerda, fue Carmen Salanueva, procesada por un fraude de más de 500 de millones en su gestión al frente del BOE.

La coordinadora de afec tados sigue reclamando al Estado el anticipo de las indeminizaciones, aunque ello no supone, advierte, renunciar a las cantidades que les correspondan ni dejar sin castigo a los responsables: "Alguien de la Administración debe ir a la cárcel por una negligencia que causo 200 muertos y decenas de miles de enfermos". Sánchez recuerda que la mayoría de los 14 aceiteros condenados a 280 años de cárcel por el Tribunal Supremo en abril de 1992 están en la calle; incluidos Enric Salomó y Ramón Alabart, a quienes la Generalitat de Cataluña concedió el tercer grado en julio. Además, asegura, "la mayoría de los condenados sigue trabajando en el sector alimentario, no se les han requisado los bienes, ni han pagado un duro de indemnización".

Tras el auto de apertura de juicio contra siete cargos y funcionarios durante la Administración de la Unión de Centro. Democrático, los afectados piden "que el juicio se celebre cuanto antes, este mismo año a ser posible".

También reclama que el fiscal, que pidió el sobreseimiento de la causa contra los siete "actúe como defensor de la legalidad y no del Gobierno, como ha hecho ahora" y que tanto el acusador público como el abogado del Estado "renuncien a estratagemas legales para dilatar el juicio". Ya cuentan con la advertencia de la Administración de que no habrá indemnizaciones hasta que no recaiga sentencia firme, lo que significa que habrá recurso al Supremo y nueva demora, "mientras los afectados siguen muriendo".