Justicia busca como compensar a las víctimas de delitos graves

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, considera que "ha llegado la hora de estudiar una legislación para cubrir las indemnizaciones por delitos graves, a la manera de las existentes en otros países europeos". De acuerdo con el proyecto del Gobierno, el Estado creará un fondo para afrontar no sólo las indemnizaciones a las víctimas de delitos de terrorismo, sino también ayudas oficiales a los afectados por delitos graves que ocasionen muertes.Se trata, según el titular de Justicia e Interior, de "dar un tratamiento uniforme para delitos graves contra la vida, entre los que también se incluirían los terroristas".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) mostró ayer su satisfacción por el anuncio hecho por el titular de Justicia e Interior. Ana María Vidal-Abarca, presidenta de la asociación declaró a Servimedia: "Nos satisface mucho comprobar que no hay argumentos para decir que no a las iniciativas presentadas por la asociación, que al principio provocan rechazo, pero que son absolutamente razonables y totalmente justas". Vidal-Abarca agregó que espera que la medida se lleve pronto a la práctica.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo había solicitado que la Administración se hiciera cargo de las indeminizaciones dictadas por los tribunales ante las sistemáticas declaraciones de insolvencia de los etarras condenados.

Derecho comparado

Belloch, quien ayer se reunió en Tarragona con los responsables policiales y judiciales de Cataluña, consideró inconcebible la creación de un fondo de ayuda a las víctimas de cualquier tipo de delito, puesto que no hay economía que lo soporte. El ministro de Justicia e Interior aseguró que se trata de iniciar el estudio de derecho comparado con los mecanismos que existen en otros países europeos para proporcionar estas ayudas.Respecto al recurso de inconstitucionalidad planteado la semana pasada por Margarita Retuerto, titular accidental del Defensor del Pueblo, contra la ley de Asilo, Juan Alberto Belloch recordó que el punto conflictivo -retención que puede durar hasta una semana en los puestos fronterizos- se aprobó por unanimidad en el Parlamento, pero si el Constitucional le pone objeciones deberá modificarse. El ministro restó dramatismo a la polémica indicando que "para eso están las instituciones".