El presidente de la Audiencia Nacional cree que el Gobierno debe elevar el delito fiscal a 15 millones

La reforma del delito fiscal, tal como ha sido aprobada por el Gobierno, tiene pocas probabilidades de prosperar en sus principales aspectos. Por ese motivo, a juicio del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, el Ejecutivo dará marcha atrás y elevará a 15 millones de pesetas el límite para considerar un fraude fiscal como delito. Para Auger parte de la reforma plantea dudas sobre su constitucionalidad. El presidente de la Audiencia cree que lo prudente será que los tribunales esperen a la aprobación de la reforma por antes de resolver los procesos abiertos.

La reforma del delito fiscal no gusta al presidente de la Audiencia Nacional, tal como ha quedado redactada. Durante el curso sobre Evasión y fraude fiscal dirigido por Jaime García Añoveros en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Auger dijo que el Gobierno podría rectificar y elevar a 15 millones de pesetas el límite que separa el delito fiscal de las sanciones administrativas. En contra de lo esperado, el Gobierno aprobó a principios de agosto mantener en cinco millones este límite.La lógica, según Auger, se acabará imponiendo a otro tipo de planteamientos. En su opinión, los cinco millones actuales han quedado desfasados por la mera evolución de os precios. Pero, además, "es conveniente tratar penalmente sólo aquello que merece la pena", es decir, enviar a los tribunales sólo los casos de cierta importancia.

Regularización

La segunda crítica del presidente de la Audiencia Nacional -responsable de juzgar los delitos monetarios- se dirige a la llamada excusa absolutoria. El proyecto aprobado por el Gobierno fija que sólo se librarán del delito fiscal quienes regularicen -pago de la deuda a Hacienda con los correspondientes recargos- antes de iniciarse la inspección. Según Auger, el momento en que se regularice es lo de menos. En la práctica, dijo, "pensar que el tratamiento penal va a ser el mismo para los sujetos activos del delito que hayan pagado y los que no, es una ingenuidad".

Como "un aviso", añadió que "la tendencia en los asuntos que están dentro de la delincuencia socioeconómica es al sobreseimiento cuando ha desaparecido la responsabilidad civil"; es decir, cuando se ha saldado la deuda., Porque -"de lo que se trata es de corregir el fraude, no de castigar conductas". Hay que tener en cuenta, explicó Auger, que "no sólo en España sino en toda la Unión Europea el fraude fiscal es muy grande y las condenas por delito, escasas". Este problema "no se arregla desde la perspectiva del derecho penal".

Auger lanzó un segundo aviso al respecto. En su opinión, la excusa absolutoria la deben establecer los tribunales, y no el Ministerio de Hacienda a través de una ley, tal como se desprende de la reforma aprobada por el Gobierno. Un proceso de exención de penas "tiene que ser controlado por los tribunales", dijo Auger. En caso contrario, "se plantearán dificultades en cuanto al principio de legalidad penal establecido en la Constitución".

Así las cosas, lo prudente, según el presidente de la Audiencia Nacional, es que los tribunales tengan en cuenta que se trata de una reforma que aún no está totalmente aprobada y que plantea serias dudas. No es que "quiera dar la consigna de que se paralicen los procesos, sino que parece prudente esperar teniendo siempre en cuenta que no todos los casos abiertos son iguales". Sería un poco absurdo, añadió, condenar ahora con una ley que se está modificando y que ya no castiga por lo mismo. Los casos abiertos, se aplicará además el principio de la retroactividad de la norma más favorable.

Por ejemplo, está el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander. Hacienda ha remitido recientemente a la Audiencia la lista de titulares de este refugio de dinero negro que han regularizado y los que no. Según Auger, "la respuesta penal a esa remisión tiene que estar muy afectada por cómo legislativamente se consume la reforma del delito fiscal". Por ello, "no sería un disparate, esperar, sobre todo en una cuestión que afecta a muchos ciudadanos", añadió.

Respecto del caso Banesto, el presidente de la Audiencia dijo que si se planteara una querella en el terreno penal, "el juez del caso tendría que paralizar la acción social de responsabilidad civil hasta que se ventilara esta cuestión".