Lógica terrorista y moral democrática

LA EXTRADICIÓN a España desde Uruguay de tres terroristas de ETA y la casi simultánea detención en Francia de una activista de la banda armada con el historial criminal de Idoia López Riaño han sido dos grandes éxitos en los esfuerzos del Gobierno español por intensificar la cooperación internacional antiterrorista. En uno de los casos se tuvo que luchar contra la falta de información y los viejos prejuicios aún existentes en muchas capitales de Latinoamérica respecto a España y contra una persistente manipulación de los hechos por parte de los colaboradores de ETA no suficientemente contrarrestada por nuestra diplomacia y los partidos democráticos. La detención cerca de Marsella de López Riaño demuestra que se han logrado vencer las dificultades que, para la cooperación con Francia en materia antiterrorista, habían creado recientes filtraciones irresponsables e interesadas de antiguos colaboradores del Ministerio del Interior. La limitación de daños en las relaciones con París ha funcionado.

La sensación de alarma que la intensificación de la actividad de ETA, y sobre todo el atentado contra el teniente general Veguillas, ha provocado se ha visto lamentablemente acompañada por una escalada de la controversia entre los partidos democráticos sobre las fórmulas de la lucha antiterrorista. Esto no ha hecho sitio envalentonar a los comandos de la banda terrorista en su empeño por justificar su existencia sembrando la muerte.

ETA no sólo ha renunciado a convencer, sino también a vencer. Sólo aspira a sobrevivir: a demostrar que nadie puede hacerla desaparecer. Tras el atentado que en junio de 1993, inmediatamente después de las elecciones generales, costó la vida a siete personas en Madrid, un portavoz de HB proclamó el objetivo de aquella masacre: "Este atentado pone en evidencia el fracaso de las vías policiales". La conclusión era que la única forma de acabar con la violencia era aceptar su exigencia de negociaciones políticas.

Desde hace años, ETA y HB no reclaman los contenidos de la negociación -amnistía, por ejemplo-, sino la negociación misma: el reconocimiento de que su recurso a la violencia era justo y necesario. Los móviles políticos originarios son ya meros pretextos para matar. Puesto que su solo objetivo es demostrar su imbatibilidad, ninguna medida es tan eficaz políticamente como la eficacia policial: porque contribuye a acabar con la imagen de impunidad en que se funda buena parte de la adhesión pasiva que ETA suscita en algunos sectores de la población. Está demostrad o que es la pérdida de libertad, (Txelis), o la perspectiva de perderla (Etxebeste), lo que hace. descubrir a los jefes de ETA la falta de sentido de la violencia.

Pacto de Ajuria Enea

Pero la experiencia también indica que en ocasiones los éxitos policiales en la desarticulación de comandos se convirtieron en fracasos políticos en la lucha contra la perpetuación de Ia violencia. Por una parte, los crímenes de los GAL y la sospecha de la tortura se convirtieron en poderosos factores de reproducción generacional de ETA sobre la base de la teoría de las dos violencias que alimenta la espiral de la venganza. Por otra, la división existente entre las fuerzas nacionalistas vascas y las que se extienden por toda España respecto al tratamiento represivo de la violencia -extradiciones, dispersión de presos, competencias de la Ertzaintza- fue explotada por ETA para pretender erigirse en representante del conjunto de la comunidad nacionalista.

El Pacto de Ajuria Enea nació para evitar esa dinámica. Se trata sustancialmente de un compromiso de rechazo tanto de la guerra sucia como de la pretensión de ETA de negociar contrapartidas políticas al cese de la violencia. Su contenido supone la aceptación del marco autonómico y comprende una serie de propuestas destinadas a favorecer una salida no traumática al problema de la violencia. Entre esas medidas figura la reinserción.

Ésta se ha convertido ahora en objeto de una polémica que amenaza con romper el consenso democrático antiterrorista. Es una polémica absurda, alimentada por varios equívocos inexplicables. El Partido Popular viene manteniendo desde hace tiempo la conveniencia, por una parte, de endurecer la legislación penal en el sentido de excluir a los condenados por terrorismo de los beneficios de redención de penas.

Por otra, cuestiona la conveniencia de mantener indefinidamente abiertas las "vías de, reinserción de las personas que decidan abandonar la violencia" ofrecidas en el Pacto de Ajuria Enea. Son posiciones que pueden ser discutidas, pero no a gritos y en la calle. El espíritu del pacto habría aconsejado plantearlas en reunión entre miembros del mismo. Es evidente que el PP ha caído en la tentación de utilizar esta espinosa cuestión en su ofensiva global de acoso al Gobierno. Y también que parece asumir el riesgo de que esta táctica produzca una seria fisura con otras fuerzas que son imprescindibles en la estrategia general antiterrorista del Estado, como son CiU, pero sobre todo el PNV, entre otras cosas, hoy responsable de la Ertzaintza.

Pero lo absolutamente ilegítimo es acusar al Gobierno de convertir la política de reinserción en una amnistía encubierta para los terroristas. Aznar insinuó, horas después del atentado del 29 de julio, que la escalada actual era fruto de la supuesta lenidad del Gobierno ante ETA. Es una acusación gravísima que no ha probado. Ni siquiera que haya habido un cambio en esa política que justifique su repentina alarma.

Si la discusión se ha hecho tan confusa es porque algunas de las réplicas a estas acusaciones del PP han acabado dándoles verosimilitud: así, cuando desde el PNV se dice que también se beneficiaron de la amnistía los antiguos franquistas pasados a la democracia. Es un razonamiento absurdo. Lo que el PP cuestiona es precisamente si lo que estuvo justificado en 1977 puede seguir vigente indefinidamente. Sólo si ETA renunciase definitivamente a las armas y accediera a su disolución, como hizo ETA Político-militar en 1981, podría considerarse un proceso de medidas de gracia comparable al de entonces.

Otra cosa son las medidas aplicadas por el Gobierno individualmente a algunos reclusos para favorecer su emancipación del ambiente coactivo a que les somete la banda. Esa política, orientada a propiciar la ruptura del monolitismo etarra, incluye facilidades para que los reclusos estudien una carrera, se comuniquen con la sociedad civil, etcétera. Uno de los ejes de esa política es la dispersión; pero para que ésta produzca efectos es conveniente mantener abierta la expectativa de concesión del tercer grado. Nada tiene esto que ver con una amnistía encubierta.

Al lanzar la polémica, Aznar puso en marcha un pe ligroso mecanismo: basta escuchar estos días algunas emisoras de radio para comprobar qué tipo de instintos ha movilizado: los que alientan la ley del talión. Es fácil lograr así -apelando a ciertos instintos del ser humano opuestos a los criterios de vida civilizada y democrática- encontrar audiencias masivas.

La actitud del Gobierno socialista tampoco ha favorecido la claridad del debate. Si se tratase sólo de aplicar el mandato constitucional de reinsercion de los presos, como pretende, no habría habido necesidad de plantear la cuestión en el pacto. Estamos hablando de medidas políticas, y no sólo penitenciarias, y, de ahí que su aplicación corresponda al Gobierno. Pero es también el Gobierno el responsable de recomponer el consenso, separando lo fundamental de lo secundario, no arrojando más leña al fuego, y agotando todas las vías para recomponer el diálogo bilateral con el PP y el multilateral con todos los firmantes de los pactos antiterroristas. Dividir a los presos sería un mal negocio si el resultado es dividir también a los demócratas.