Sancion del fraude

LA LUCHA contra el fraude cuenta, desde hace un mes, con un amplio tratado analítico elaborado por la unidad de lucha contra el fraude creada por el Gobierno. En el nuevo Libro Blanco de 334 páginas se concentran una larga serie de medidas para acabar con,las actuaciones delictivas, desde el más común fraude fiscal hasta los cometidos contra la Seguridad Social. La iniciativa es lo mínimo que se podía pedir. Ahora lo importante es, que ese Libro Blanco pase a la práctica y no a formar parte de la amplia biblioteca de documentos analíticos publicados por el Gobierno sobre lo que conviene -o hubiera convenido- hacer en materia de política económica.La primera medida requiere algo; tan sencillo y aparentemente inalcanzable como mejorar la coordinación entre los distintos organismos públicos y las administraciones. La segunda es una llamada a evitar los grandes discursos teóricos sobre penas ejemplares a los defraudadores, e imponer, a cambio, castigos poco espectaculares, pero efectivos.

Este segundo objetivo había sido esgrimido por el propio Gobierno cuando proyectaba elevar el umbral del fraude fiscal hasta 15 millones de pesetas. Entonces argumentaba que había que dejar la sanción penal para grandes defraudadores. Después cambió su opinión. Se mantuvo en cinco millones la cifra porque el, ciudadano común, según el Ministerio de Economía, no es que no pueda defraudar cinco millones de pesetas, es que su renta. anual no llega a tal límite.

Cierto, pero con el umbral actual de cinco millones incluso Hacienda había reconocido que los asesores fiscales proponen a sus clientes elevar un, poco la cantidad defraudada para pasar de la rápida vía ad ministrativa (para infracciones pequeñas, de menos de cinco millones) a la dilatada vía penal.

Es, pues, un arma de doble filo que invita a que el Gobierno revise su decisión y la estudie con el resto de fuerzas políticas en la vía parlamentaria. Seguramente esa, es la intención última del Ejecutivo: elevar el límite, pero sólo después de que la oposición se. haya pronunciado al respecto mediante las enmiendas correspondientes. El objetivo sería evitar que nadie pueda reprochar al Gobierno una intención exculpatoria respecto a Mariano Rubio y otros escándalos.

Con todo, la coordinación es la primera asignatura pendiente para no perder las huellas del fraude. El primer problema para perseguirlo es que resulta difícil intercambiar información entre los distintos orga nismos públicos por la existencia de diferentes códigos de identificación (NIF, DNI, número de la Seguridad Social, etcétera) para la misma persona. El informe sugiere, además, acentuar la vigilancia de las actividades donde suele alojarse el dinero negro, y destaca entre ellas al sector inmobiliario. Aquí reconoce lo fácil que se pierden estas huellas Cuando no se dispone de un catastro actualizado. La unidad de lucha contra el. fraude resalta también que la mayor ocultación fiscal es la economía sumergida, y razona que muchas empresas se sumergen, en sectores como el textil, los juguetes o el calzado, porque esa es la única opción que les queda para competir con sus homologas de países con mano de obra más barata y menor presión fiscal. El informe propone que se facilite su salida a la superficie con incentivos fiscales y que se vigilen mejor las huellas que, en forma de consumo de lujo -como, por ejemplo, coches caros y propiedades inmobiliarias-, dejan actividades lucrativas no declaradas. La teoría está en la calle. Ahora sólo queda una segunda, y casi inédita, actuación del Gobierno. Pasar del análisis, a la puesta en práctica de las medidas.