Las instituciones vascas boicotean el servicio civil

El rechazo de la mayoría de los partidos vascos a la ley de Objeción se ha traducido en la negativa de las instituciones vascas a firmar convenios con el Ministerio de Justicia para que los objetores puedan cumplir la prestación sustitutoria. Los gobiernos de Euskadi, Cantabria, Galicia y Castilla y León no ofrecen ninguna plaza en la lista remitida a los 24.000 objetores de conciencia que se incorporarán en septiembre.Pero tampoco ofrecen plazas las diputaciones vascas ni ningún ayuntamiento, excepto el de Comunión (Álava). En la citada bolsa figuran sólo 10 entidades en Euskadi, la mitad estatales, como el Instituto Social de la Marina o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Por contra, hay 30 entidades de Almería, 48 de Asturias y 123 de Lérida. Pero en 1994 deben iniciar el servicio civil 3.185 objetores vascos, 397 de Almería, 512 de Lérida y 1.085 de Asturias.

La falta de colaboración de las entidades vascas, según Justicia, perjudicará a los objetores vascos, que deberán cumplir fuera de su comunidad en mayor medida que los de otros lugares. Previsiblemente, también alimentará la insumisión en una de las zonas donde está más arraigada.