El Gobierno elude la reforma de la objeción de conciencia escudándose en la falta de consenso

El Gobierno sólo reformará la Ley de Objeción de Conciencia si los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo sobre su contenido, según fuentes gubernamentales. El Congreso aprobó el 21 de abril, al término del debate sobre el estado de la nación, una resolución en la que instaba al Gobierno a remitir en tres meses al Parlamento un proyecto de reforma de la ley de Objeción de 1984 que se "adecue a las orientaciones más progresistas que ofrece el derecho comparado". La obtención de este consenso es muy difícil, pues los grupos mantienen posturas contradictorias.

Izquierda Unida, Convergència i Unió (CiU) y PNV son partidarios de que se admita la objeción sobrevenida (la que se alega después de la incorporación a filas); de que la prestación sustitutoria se reduzca de 13 a 9 meses para igualarla al servicio militar y de que se suprima la facultad del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC) de aprobar o no la solicitud de los objetores. Por el contrario, el PP, según su portavoz de Defensa, Santiago López Valdivielso, se opone a la objeción sobrevenida y sólo aceptaría "estudiar" una posible reducción de la prestación sustitutoria y "revisar" las competencias del CNOC para investigar la sinceridad de los objetores, "ya que en la práctica no las ejerce".Aunque el plazo fijado por la resolución del Congreso acabó el 21 de julio, el Gobierno ha dejado para septiembre la consulta a los grupos políticos sobre la forma en que habría que cumplir este mandato. La aprobación de esta resolución, a la que se opuso el PSOE., sorprendió al Gobierno, que en medio de la confusión que presidió la cascada de votaciones con que culminó el debate sobre el estado de la nación no previó que la oposición apoyara en bloque la iniciativa del PNV.

La posible reforma de la ley ha abierto otra etapa de incertidumbre respecto a la objeción. De momento, se ha demorado la aprobación del nuevo reglamento, que debía haber visto la luz en julio. El departamento de Justicia está examinando las alegaciones de las asociaciones juveniles y de objetores, a las que se distribuyó el borrador del texto en marzo. Entre las alegaciones destaca la oposición a que se impida objetar antes de los 18 años, como pretende el proyecto, en contradicción con el reglamento de la mili, que permite hacerlo desde el momento del alistamiento, el año en que se cumplen 17.

Con esta medida, se pretende frenar el aumento en el número de solicitudes, que en los seis primeros meses de este año ha llegado a 46.443, frente a los 26.376 del primer semestre de 1993, lo que supone un aumento superior al 75%. De mantenerse el actual ritmo, 1994 acabará con más de 110.000 nuevos objetores. El incremento del número de reconocimientos por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia no ha sido menor: 47.659 entre enero y junio, 1.566 más que en 1993.

Para hacer frente a esta avalancha de objetores y a la bolsa acumulada, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de marzo un plan especial, dotado con 8.000 millones de pesetas, que pretende normalizar la situación en 1996. En aplicación de dicho plan, 24.000 objetores se incorporarán al servicio civil el próximo noviembre. Este llamamiento, el mayor realizado hasta ahora, está formado por los objetores pendientes de 1991, los mayores de 27 años y los que han pedido incorporación inmediata. Otros 11.000 objetores deberán incorporarse en los cuatro primeros meses del próximo año.