Argentina ordena detener a seis diplomáticos iraníes por el atentado de Buenos Aires

La primera parte de la investigación iniciada por el juez Juan José Galeano sobre el atentado terrorista del pasado 18 de julio contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 104 muertos, se cerró con el proceso a tres argentinos por delitos menores y una inútil solicitud de captura contra seis funcionarios de la Embajada de Irán en Buenos Aires. Cuatro de ellos ya no es tan en el país.

El expediente pasa ahora a la Corte Suprema de Justicia, el único tribunal del país que tiene competencia para procesar a representantes de otros países. Irán presentó ayer a las autoridades argentinas una protesta por lo que considera "acusaciones sin fundamento" a diplomáticos iraníes. El presidente argentino, Carlos Menem, dijo ayer que "se impone la retirada o expulsión del embajador iraní"." Se caerán de espaldas" había dicho el juez cuando creyó tener pruebas contundentes. Galeano ha basado ahora su decisión en un único testimonio, el que recogió de Manoucher Motamer en Caracas. Motamer es un ex diplomático iraní que pidió protección en Venezuela a cambio de información sobre la participación de los funcionarios de la Embajada de Irán en atentados, entre ellos el que destruyó la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992 y causó 28 muertos.

La-protesta del Gobierno iraní ante el encargado de negocios argentino en Teherán puntualizaba que cuatro de los seis diplomáticos acusados no habían viajado a Argentina en los últimos meses o años y acusaba a Buenos Aires de fiarse de "las acusaciones de un desertor".

El vídeo de la entrevista de casi diez horas que el juez Galeano. mantuvo con Motamer es la única prueba que relaciona a los iraníes con los dos atentados.

Dos de los acusados son Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la Embajada, acreditado en Argentina el 11 de julio de 1991. Según el juez, "habría estado en Buenos Aires cuando se produjeron los dos atentados". El otro es Zangeneh Gholsmreza, segundo secretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires y encargado de la sección comercial, acreditado el 17 de marzo de 1993, y del cual el juez Galeano aclaró que sólo la Corte Suprema podría solicitar su detención y llamarlos a declarar, siempre que renuncien a su inmunidad diplomática.

Otros tres sospechosos son: Ahmad Allameh Falsafi, tercer secretario de la Embajada de Irán entre el 24 de julio de 1992 y el 24 de septiembre de ese año (la Dirección General de Migraciones no puede confirmar qué día exactamente entró o salió Falsafi del país); Abbas Zarrabi Khorasani, que cumplió funciones de primer secretario entre el 7 de noviembre de 1987 y el 29 de junio de 1993 (se ignora su actual destino), y Malivash Monsef Gholanireza, que llegó al país el 21 de enero de 1988 y cuyo paradero también se desconoce.

Por último, el juez argentino involucré también a Moshen Rabbani, acreditado como consejero cultural de la Embajada de Irán desde el 30 de marzo de 1994. El juez sospecha de Rabbani porque cambió su condición de representante religioso -sin privilegio -sinprivilegios ante la justicia argentina- en la que se hallaba desde 1983 y pasó a tener rango diplomático. El propio Rabbani admitió que se había interesado en la compra de una camioneta Renault como la utilizada en el atentado contra la AMIA.

Los tres argentinos procesados son los dos mecánicos que repararon una furgoneta de esa marca, finalmente usada para el atentado, y el vendedor que les encargó el trabajo y luego la traspasó "a una persona de acento extranjero" a cambio de unos 12.000 dólares.

A los mecánicos Marcelo Jouce y Ariel Nitcaner se les acusa de colocar un motor robado y al vendedor Carlos Alberto Telleldin de falsificar los papeles del vehículo. El mecánico Nitcaner, uno de los primeros detenidos, fue sometido a torturas en comisaría y desde que le liberaron recibe amenazas por denunciarlas.