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La Corte Suprema argentina estudia citar a declarar a diplomáticos iraníes

Juan Jesús Aznárez

La Corte Suprema de Argentina, en virtud de una prerrogativa constitucional, deberá decidir si llama a declarar a los diplomáticos iraníes citados como sospechosos en el expediente elaborado por el juez federal Juan José Galeano tras la investigación del atentado que el 18 de julio destruyó la mutua israelí de Buenos Aires, con un saldo de cerca de 90 muertos y 200 heridos.

El informe, que en principio no contiene pruebas concluyentes sobre la autoría del atentado y descansa fundamentalmente en las declaraciones de un arrepentido iraní asilado en Venezuela, no ha sido publicado oficialmente. Las fuentes judiciales que han tenido acceso al mismo indicaron que Galeano pide la comparecencia de varios diplomáticos iraníes y la detención de cuatro personas de esa nacionalidad que abandonaron Argentina en los días previos al atentado.

Personas no gratas

No es sencillo políticamente el trámite que deberá seguirse en el caso de que, efectivamente, en el sumario se considere que existen elementos suficientes como para citar en calidad de implicados a los diplomáticos. El presidente argentino, Carlos Menem, celebró anoche una reunión con varios ministros y responsables de los órganos de seguridad para acordar la estrategia a seguir, ya que si los funcionarios niegan su comparecencia amparándose en la inmunidad diplomática establecida en la Convención de Viena de 1969, la Cancillería tendrá que decidir si los declara personas no gratas, lo que equivaldría a su expulsión.El embajador iraní, Hadi Soleiman Pour, ha reiterado en varias ocasiones que colaborará en el esclarecimiento de los hechos, circustancia que hace abrigar esperanzas en el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino respecto a una voluntaria renuncia al fuero diplomático de los sospechosos citados a declarar.

Pero puede ocurrir también que una vez recibido el expediente la Corte Suprema argentina no admita a trámite la causa por estimar insuficientes las conclusiones incriminatorias del juez federal. Según el diario Clarín, si la prueba que la justicia tiene contra los iraníes es sólo el testimonio del arrepentido la decisión de la Cancillería de declararlos personas no gratas "sería obviamente una decisión más política que judicial".

La comunidad judía en Argentina, mientras tanto, se muestra impaciente. Rubén Beraja, su máxima autoridad política, pidió al Gobierno "sanciones complementarias a la jurídicas" para las embajadas sospechosas de haber colaborado con los terroristas.

Por otro lado, el principal movimiento de oposición al regímen de Teherán, los Muyahidin del Pueblo, pidió ayer en París que el Gobierno argentino expulse a los diplomáticos iraníes sospechosos de estar implicados en el atentado del 18 de julio, así como que ordene el cierre de la Embajada de Irán en Buenos Aires, informa la agencia Efe.

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