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Reportaje:

El Gobierno, dispuesto a revisar la cuantía del delito fiscal

El Gobierno puede estar dispuesto a modificar la cuantía mínima para incurrir en delito fiscal durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que regulará la penalización de las infracciones contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, según fuentes oficiales citadas por Efe. El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes, en su última reunión antes de vacaciones, remitir a las Cortes el citado proyecto de ley. En contra de las previsiones iniciales del propio Gobierno, el Consejo mantuvo en cinco millones de pesetas la cuantía del fraude tipificado como delito fiscal.Unió Democrática de Catalunya, uno de los partidos coligados en CiU, criticó el pasado lunes la decisión del Gobierno por consideitar que representa "un paso atrás en la lucha contra el fraude y la corrupción fiscal", y denota "una falta de firmeza y seguridad" del Ejecutivo.

A juicio del portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, si el proyecto se aprueba con su actual redacción "judicializará y criminalizará la actividad económica del país".

La posición de CiU a favor de una actualización del delito fiscal indica que el Grupo Catalán puede presentar algunas enmiendas durante el debate parlamentario sobre la ley reguladora de los delitos contra la Hacienda pública. Fuentes oficiales consultadas por Efe reconocieron que, de ser presentadas dichas enmiendas, el Gobierno estaría abierto a considerar su aceptación. El Gobierno llegó a consultar al Consejo General del Poder Judicial acerca de la posibilidad de elevar a 15 millones de pesetas la cuantía del fraude por el que se incurriría en delito fiscal. Pero el haber mantenido habría facilitado la exculpación del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio, contra quien hay presentada una querella por supuesto fraude fiscal de seis millones.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó tras el último Consejo de Ministros que en la decisión hubiese influido el caso Rubio. Según el ministro, la decisión de mantener el tope mínimo en cinco millones se debe a que el Gobierno estima que se trata de un límite "razonable", especialmente en relación al Impuesto de la Renta.

La decisión tomada por el Consejo de Ministros "le deja libre de toda sospecha"; según algunos expertos consultados, y traslada al Parlamento la responsabilidad de aprobar una amnistía fiscal encubierta para aquellos ciudadanos que han defraudado a Hacienda cantidades inferiores a 15 millones.

Mientras, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, interrumpió ayer sus vacaciones estivales en la localidad gerundense de Queralbs para analizar con el portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados, Miquel Roca, el estado de las negociaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1995.

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