Justicia cifra en 3.000 millones el coste de implantación del nuevo Código Penal

La secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó ayer un amplio debate y un consenso social sobre el proyecto de Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros, porque desea "escuchar todas las opiniones y optar por las más acertadas para que sea el Código Penal de todos". La secretaría de Estado destacó "la importancia para la convivencia", que tiene la nueva normativa y aseguró que su implantación no exigirá nuevas infraestructuras ni organizaciones sino una mejora de las existentes, cuyo coste no superará los 3.000 millones de pesetas.

La secretaria de Estado subrayó en conferencia de prensa que el ciudadano tiene un legítimo derecho a conocer con toda la amplitud posible el contenido del Código Penal, por lo que el debate social no debe agotarse en lo que se ha dicho hasta ahora: "Todos debemos contribuir al consenso que exige una norma de este tipo, en la que se han tenido presentes las anteriores discusiones parlamentarias y los dictámenes del Consejo del Poder Judicial".Fernández de la Vega destacó que el proyecto es uno de los mas importantes de la legislatura e indicó que el Gobierno "no se ha preocupado de hacer una obra perfecta, sino útil" y no quiere que el proyecto "sea la última palabra, sino la primera".

Sobre la memoria económica que acompaña al proyecto, dijo que las principales inversiones que restan por hacer serán en nuevos juzgados y en programas de rehabilitación de algunos centros penitenciarios. Agregó que habrá que contar con un mayor número de equipos de observación y de tratamiento penitenciario, pero que en conjunto son costes mínimos que no superan los 3.000 millones de pesetas.

Fernández de la Vega dijo que la nueva ley penal no tiene vocación de universalidad por lo que materias que no pueden quedar reguladas con fijeza, como el control de cambios o la manipulación genética han quedado fuera y serán reguladas en leyes específicas. Sobre la interrupción del embarazo, indicó que quedará fuera del Código porque las previsiones sobre la misma no son estrictamente penales.

La secretaria de Estado hizo un repaso del nuevo Código Penal y advirtió que con Ia reforma de todo el sistema actual de penas parecerá que existe una reducción, pero que en realidad no será así, ya que desaparecen beneficios como la redención de penas por el trabajo.