Lecciones de Ruanda

Como ha reconocido el relator especial de la ONU, en Ruanda las matanzas no han sido resultado, de un estallido de ira general, sino que fueron programadas y preparadas durante meses desde los círculos próximos al Gobierno, mediante una campaña sistemática de incitación al odio étnico y a la violencia, la distribución de armas entre la población civil, el entrenamiento. especial de milicianos y la elaboración de listas de personas que había que matar.Todos estos datos ya eran conocidos y fueron denunciados en su momento por algunas organizaciones de derechos humanos y por misioneros que se encontraban en Ruanda, como el catalán Joaquím, Vallinajó, promotor en aquel país del grupo Justicia y Paz, Desarrollo y Ecología, y asesinado a finales de abril por el Frente Patriótico Ruandés ,(FPR). Se veía venir, pero no se puso freno cuando era posible. La prevención no sirve para nada si después no va acompañada de una respuesta. Ésta es la primera lección.

Se ha producido un auténtico genocidio (probablemente de medio millón de personas), y de una intensidad que duplica el logrado por los jemeres rojos en Camboya. Este genocidio no ha sido debido a los enfrentamientos con el FPR, sino a la eliminación deliberada de tutsis y de opositores políticos (hutus en su mayoría) por parte de la guardia presidencial, las milicias y la gendarmería. El principal responsable del genocidio es ' por tanto, el propio Gobierno ruandés. Los organizadores de la hecatombe tienen nombres y apellidos, y deben ser detenidos y juzgados de inmediato, y las organizaciones responsables han de ser disueltas de inmediato. Los partidos responsables (MRND y CDR) también deberían ser disueltos o transformados completamente.

Los culpables no pueden quedar impunes, y casi cuatro meses después del inicio de las matanzas, ninguno de ellos ha sido detenido porque no hay ninguna orden de búsqueda sobre ellos. La comisión de expertos que estudia las violaciones de los derechos humanos en Ruanda debería transformarse en un tribunal internacional que juzgue con prontitud a los culpables de organizar y llevar a término el genocidio.

Como en Somalia, Irak y otros muchos países, el comercio de armas ha jugado un perverso papel en el drama ruandés. En los últimos a ños se han producido algunas ventas de armas muy significativas, como las' de China en 1989, Francia en 1991, y de Suráfrica y Egipto en 1992, descubiertas y denunciadas en su momento. Siendo un país tan pequeño y con tanta violencia, cualquier venta de armamento podía resultar explosiva, especialmente cuando parte de estas armas se distribuyen a sectores extremistas de la población civil.

Se ha silenciado demasiado tiempo la colaboración de Uganda en los ataques sistemáticos del FPR en el norte del país, desde 1990. Hay sobradas evidencias de que el Gobierno ugandés le ha proporcionado durante varios años armamento, munición y apoyo logístico, Muchos medios de comunicación occidentales no se dan cuenta de que participan en la estrategia de desinformación y confusión del FPR, que siempre se ha mostrado muy hábil en este campo. Aunque el genocidio perpetrado a partir de abril de 1994 ha sido obra y es responsabilidad de los hutus extremistas del Gobierno, no por ello puede quedar impune la actividad del FPR, tanto antes del mes de abril como con posterioridad a esa fecha, puesto que, aunque sea con una magnitud muy inferior, el FPR también es responsable de ejecuciones, sumarias y de violaciones de derechos humanos.

La estrecha colaboración francesa con el Ejército, las milicias y la policía de Ruanda es también significativa, tanto por el entrentamiento, la formación de cuadros y la venta de armas realizada. Tienen mucha responsabilidad en la posterior conducta de estos elementos.

El papel de la ONU ha quedado también en entredicho. Las resoluciones del Consejo de Seguridad han ido siempre con retraso (se tardó tres años en decidir enviar observadores a la frontera de Uganda), y su insistencia en que se alcanzara un alto el fuego muestra su incapacidad para asumir las auténticas coordenadas del conflicto, puesto que la mayoría de las muertes no han sido debidas a una guerra entre dos frentes militares, sino a la limpieza etnopolítica llevada a cabo por elementos extremistas.

No deja de ser paradójico que Ruanda sea, en 1994, uno de los países que forman parte del Consejo de Seguridad, como, miembro no permanente, lo que ha dado lugar a situaciones tan lamentables como la producida el 18 de mayo, fecha en que el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno interino lanzó ante el Consejo una proclama racista, que sólo fue contestada por el representante de Nueva Zelanda. ¿Puede realmente un país como Ruanda, afectado por una operación de Naciones Unidas desde 1993, ser un miembro independiente y soberano del Consejo de Seguridad? ¿Cómo pueden tratar correctamente el problema de Ruanda países del Consejo como Nigeria, cuyos militares tienen preso al civil ganador de las elecciones presidenciales?

Los mandatos concedidos en su momento a la misión de la ONU en Ruanda eran excesivos para las fuerzas asignadas (crear zonas de seguridad, proteger a los refugiados, vigilar las fronteras, controlar el embargo). Se amplían a remolque de los acontecimientos, pero a sabiendas de que no se podrán cumplir. Para no desacreditar aún más a los cascos azules, es necesario ajustar los mandatos de las operaciones de la ONU a la realidad.

La Operación Turquesa para proteger a los refugiados creando una zona de seguridad es también discutible, por cuanto está protagonizada por elementos militares del país (Francia) que ha estado apoyando a los responsables del genocidio. Nos muestran las víctimas, pero no a los culpables, que además pueden protegerse en las zonas seguras creadas por las tropas francesas. Es necesario, por tanto, un esfuerzo coordinado y cooperativo de todas las organizaciones internacionales para restablecer las condiciones de confianza y seguridad mínimas que permitan el retorno de las gentes a sus hogares y la recogida de las cosechas. El precio de no hacerlo y de mantener a cientos de miles de refugiados en los países vecinos será altísimo, tanto a nivel económico como humano y político.

Muchas organizaciones humanitarias internacionales se encuentran de nuevo en las tesitura de tener que socorrer a las víctimas y, al mismo tiempo, denunciar las causas y a los responsables del conflicto. El dilema probablemente no tiene solución a corto plazo, pero debería servir para que aumenten su trabajo de sensibilización cívica y política

Sobre las causas de estos conflictos y sobre las estructuras que los perpetúan. Dado que "no se puede detener un genocidio con médicos", es necesario que estas mismas organizaciones no gubernamentales compaginen su labor humanitaria con campañas a más largo plazo de carácter preventivo (contra el comercio de armamentos, por ejemplo).

Ruanda pone en evidencia la incapacidad de la ONU para evitar con rapidez una fuerza a un lugar con población amenazada, puesto que los Estados no están dispuestos a poner unidades preparadas a disposición permanente del Consejo de Seguridad. La ausencia de material propio impide a los cascos azules actuar con prontitud en situaciones de emergencia. Entre la recomendación del secretario general de enviar más cascos azules y la llega da de los primeros blindados alquilados a Estados Unidos pasaron casi dos meses, y aún está formar la fuerza de 5.500 cascos azules pedida por Butros Butros-Gali el pasado 13 de mayo. La ONU está pagando un alto precio en desprestigio por no disponer de fuerzas puestas a su disposición permanente, y preparadas para actuar en estas operaciones. Además, el trabajo de los cascos azules en los primeros días del conflicto, dando protección a personas blancas y extranjeras y dejando de lado a personas ruandesas perseguidas, ha vuelto a dar la imagen de que la ONU es un instrumento al servicio de los países ricos.

La protección de los refugiados es totalmente insuficiente. El campo de Benaco ha estado funcionando durante muchas semanas con una media de un solo policía por cada 5.000 personas. La ONU debería tener unidades policiales especialmente entrenadas y disponibles para la protección de los campos de refugiados.

La presencia de cascos azules de antiguas potencias coloniales es siempre peligrosa y normalmente contraproducente. Los belgas no deberían haber estado en la misión de la ONU en Ruanda de forma directa, aunque sí deberían haber ofrecido apoyo logístico. La posterior presencia francesa forzosamente había de despertar también recelos por parte del FPR.

Ruanda necesitará de un gran apoyo internacional para rehacerse en lo económico, en lo político y en lo social. Pero no deberían olvidarse las lecciones del caso de Somalia. Una de esas lecciones es no olvidar las complejidades históricas y las realidades sociopolíticas de los países africanos. Ni las agencias de la ONU ni los cascos azules pueden imponer soluciones definitivas en las que no participen plenamente las poblaciones afectadas.

En cualquier caso, la solución de futuro habrá de pasar por un proceso de reconciliación interétnica (empezando por suprimir la identificación étnica en el carné de identidad), por el juicio de los responsables de planificar las matanzas y por el fomento de una educación sobre los derechos humanos. En esta dirección, una vez que se logre estabilizar la situación, sería oportuno el envío de numerosos observadores que vigilen el cumplimiento de los derechos humanos en todo el país y la iniciación de venganzas organizadas.