El armador del pesquero español detenido recurrirá la sentencia

El armador y la tripulación del Francisco y Begoña se disponen a atrincherarse en el puerto francés de Lorient (Bretaña) todo el tiempo que sea necesario. Todo seguía igual ayer: la Administración española no había atendido las peticiones de auxilio financiero del armador Pedro Burgoa, y la justicia francesa seguía reclamando 580.000 francos (casi 13 millones de pesetas) por pescar ilegalmente 23 kilos de gallo y merluza. Burgoa anunció su intención de recurrir la sentencia dentro del plazo legal de 10 días.El cónsul general de España en París, Luis de la Torre, prometió a Burgoa que se instalaría un teléfono a bordo del Francisco y Begoña, donde los 14 tripulantes pasan casi todo el tiempo. Parte de la tripulación salió por primera vez del arsenal militar de Lorient el viernes por la noche, y paseó por la ciudad sin que se produjera incidente alguno.

Multa exagerada

Anoche volvieron a salir, pero los paseos y la promesa de un teléfono para llamar a casa no consiguieron disipar el creciente desánimo de los pescadores españoles. A bordo del pesquero hacía calor y las horas pasaban lentas. Algunos empezaban a quejarse del empecinamiento del armador. "Que se queden él y el barco y nos deje marchará nosotros. La multa y la indemnización son exageradas, pero nosotros no tenemos ninguna culpa. Somos simples obreros", dijo uno de ellos.

"Tenemos que quedamos todos", insistieron el armador y el patrón, Jon Ander Sola barrieta, "para convertimos en un problema. Tanto en Francia como en España tienen que darse cuenta de que crear el precedente de estas indemnizaciones a terceros es peligrosísimo para el futuro de la pesca". Los asesores le gales del armador le advirtieron que la apelación podría incrementar aún más las indemnizaciones, pero él se mostró confiado.

[La flota de arrastre de Ondárroa se solidarizó ayer con el Francisco y Begoña en un comunicado en el que "exigen a la Administración española que gestione la inmediata liberación" del pesquero. Añaden que consideran "exagerada y fuera de lugar la multa impuesta por al Administración francesa". Y amenazan con emprender "acciones y represalias" si el Gobierno "no toma medidas inmediatas".]