La juez del 'caso Azpiegitura' acusa al gobernador civil y a otro dirigente socialista

La juez que instruye el caso Azpiegitura -presunta estafa de 570 millones de pesetas a la Diputación de Vizcaya en la construcción de un inmueble público- ha cerrado la investigación y ha imputado a diversos militantes del PSE-EE y del PNV varios delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento.Además del constructor Iñaki Ereño, del PNV, y del arquitecto Alberto López, socialista, ambos en prisión por un presunto delito de estafa y falsedad documental, la juez Olatz Aizpurua imputa al gobernador civil de Vizcaya, el socialista Daniel Arranz, un delito de prevaricación por aprobar el segundo proyecto del edificio público sin haberlo leído y con "absoluta despreocupación y desidia". Las partes deberán presentar ahora su escrito de calificación previo al señalamiento del juicio.

El resto de los imputados son los dos militantes del PSE-EE Juan Llorens -que dimitió como diputado provincial de Transportes y fue presidente de Azpiegitura cuando se produjo la estafa, en 1991, y miembro de la ejecutiva del PSE-EE hasta abril de 1994 y José Luis García de Juan, así como otros ocho técnicos relacionados con la construcción del edificio Centro de Nuevas Iniciativas (CNI). Asimismo, los técnicos Isabel Diego, Federico Lorenzo, Tomás Almenara, Hector Garrido, el profesor de la Universidad de Cantabria Jesús Sáiz de Omeñaca -que estuvo en prisión por dar verosimilitud a la presunta estafa del arquitecto y contratista y ahora está en libertad provisional- y Roberto Idiondo son imputados de un delito de falsedad en documento. El responsable de las obras de la sociedad foral, Javier Martinez, del PNV pero estrechamente relacionado con Juan Llorens, también es acusado en el auto de finalización de las investigaciones.

La resolución de la juez convierte las diligencias previas en procedimiento abreviado previo al juicio oral. En ella se exculpa, sin embargo, de cualquier relación con la estafa al nacionalista José Luis Bilbao, actual diputado de Promoción Económica y presidente del la sociedad Azpiegitura cuando se produjo la estafa en la cimentación por las inyecciones en 1991, y al secretario de la Ejecutiva del PNV, Ricardo Ansotegi.

También deja libre de toda sospecha al ex vicepresidente del Tribunal Vasco de Cuentas, Juan Carlos Gutiérrez, que puso su cargo a disposición del tribunal fiscalizador vasco al ser imputado de estafa, prevaricación y falsedad en documento.