El control de los horarios en los juzgados aviva el enfrentamiento interno en el Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras cuatro horas de tensas deliberaciones sobre los horarios de los funcionarios judiciales, aprobó que serán los secretarios judiciales quienes controlarán el cumplimiento de los mismos, si bien se mantienen los discutidos mecanismos automáticos. El CGPJ reprocha al Ministerio de Justicia que no sometiera a informe del Consejo la instrucción sobre control horario. La polémica sobre la creación de un registro de intereses quedó aplazada, al remitirse previamente la propuesta a la comisión de estudios e informes.

La sesión plenaria suspendida el miércoles anterior por ausencia de dos vocales -lo que originó una enérgica protesta del presidente del CGPJ, Pascual Sala, al Parlamento por no cubrir las seis vacantes existentes- se celebró ayer con el mínimo exigido de 14 consejeros.El acuerdo sobre control de horarios en los juzgados fue precedido de una larga discusión sobre la instrucción del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Fernando Escribano, ex facultativo del CGPJ, y sobre la función asignada en ella a los gerentes provinciales. La propuesta de anular la instrucción fue rechazada, si bien se acordó hacer constar que "no fue sometida a dictamen de este Consejo", en contra de lo dispuesto en el artículo 108 de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Escribano declaró ayer a este periódico que la instrucción no se sometió a informe porque no se consideró una disposición general, sino un acto administrativo de aplicación del acuerdo del CGPJ de 1987. El director general añadió que el acuerdo de ayer avala su instrucción, ya que "el papel de los gerentes es de mera recogida de datos para entregarlos a los secretarios".

Competencia exclusiva

Los acuerdos sobre horarios se adoptaron por unanimidad, aunque varios consejeros anunciaron discrepancias con su fundamentación. El primero de los acuerdos invoca el artículo 189 de la LOPJ y recaba para el CGPJ "la competencia exclusiva para señalar los horarios de la oficina judicial y para regular todas las incidencias que pueda producir su control y seguimiento".Otro de los acuerdos establece que el secretario judicial, conforme a la misma ley y como jefe del personal judicial, "es directamente responsable del control del horario de todos los funcionarios de él dependientes". Añade el CGPJ que al secretario "le serán suministrados los datos que proporcionen los mecanismos automáticos de control y él, bajo su directa responsabilidad, procederá a iniciar o poner en conocimiento de los órganos competentes las incidencias susceptibles de provocar la exigencia de las responsabilidades disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de dar cuenta al juez o presidente del tribunal como titular de la superior dirección del órgano jurisdiccional de que se trate".

El pleno acordó que, hasta tanto se apruebe el desarrollo de las normas sobre horarios aprobadas por el CGPJ en 1987, "el control mecánico, en los lugares en que esté implantado, y el inexcusable cumplimiento del horario vigente, seguirán realizándose bajo la responsabilidad directa de los secretarios judiciales y la superior dirección del juez o presidente que corresponda".

A propuesta del vocal José Luis Granizo se flexibilizaron los horarios de trabajo. De lunes a viernes, ambos incluidos, el comienzo de la jornada oscilará entre las ocho y las nueve horas y finalizará entre las 14.30 y las 15.30 horas.

Carta sobre intereses

Una carta del vocal enfermo y ausente, Javier Gómez de Liaño, distribuida ayer a todos los consejeros, calentó el ambiente del pleno. Gómez de Liaño reprochaba al vocal Andrés de la Oliva que en sus objeciones al registro de intereses en el seno del CGPJ, propuesto por Soledad Mestre, haya omitido determinadas relaciones afectivas "declaradas o clandestinas", así como "la mención", dice, "a relaciones afectivas con organizaciones, asociaciones e instituciones, sean humanas o divinas, algunas de las cuales tienen intereses políticos, económicos y sociales de mayor envergadura de los que pueden tener parientes consanguíneos o afines...".En la reanudación del pleno por la tarde, la polémica sobre el registro de intereses quedó aplazada, ya que se acordó remitir previamente a la comisión de estudios e informes la propuesta de Mestre, junto a las puntualizaciones de otros vocales. Tal comisión tiene a su cargo el informe sobre el anteproyecto de ley del aborto, previsto para su aprobación en el pleno del próximo miércoles. Los cálculos realizados anticipan un empate de los 14 consejeros presentes ayer.