Redondo niega responsabilidades en el "caso PSV"

C. PARRA / J. YOLDI El ex secretario general de UGT, Nicolás Redondo, negó ayer ante el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, toda responsabilidad en el caso PSV, al asegurar que él no se ocupaba de asuntos financieros en el sindicato, porque éstos no eran su responsabilidad. Esta versión de la declaración de Redondo fue ofrecida por el abogado de los cooperativistas de El Espinillo, Pedro Poveda, toda vez que tanto Redondo como sus abogados evitaron cualquier declaración ante- la prensa.

El caso PSV se complicó ayer por doble motivo: la inclusión en una, querella del diputado madrileño Javier Ledesma -que fue administrador judicial de la cooperativa de febrero a mayo de este año-, y la paralización del plan de viabilidad por parte del juez de la suspensión de pagos.

Esa querella provocó que Nicolás Redondo permaneciese toda la mañana de ayer en los pasillos de la Audiencia Nacional, a la espera de que los defensores, los querellantes y el juez discutiesen la nueva situación.

Las discrepancias entre los abogados querellantes y los defensores eran ayer evidentes: los primeros creen que es posible retirar la querella y continuar las diligencias. Para Marino Turiel, codefensor de Paulino Barrabés, "estas actuaciones supondrían la nulidad de todo lo actuado, y en este sentido serían nulos los autos de prisión", dictados contra Carlos Sotos y su defendido.

[Felipe González lamentó ayer que el dirigente ugetista Paulino Barrabés se encuentre en prisión, pero no quiso pronunciarse sobre la actitud de los Jueces ante esa cuestión.]

La comparecencia del ex secretario general de UGT, citado en principio a las 10 de la mañana, no se inició hasta las cinco de la tarde, y se interrumpió tres horas y media después para continuar hoy. Acompañado en el interior de la Audiencia -no en la sala- por el actual secretario general del sindicato, Cándido Méndez, y respaldado desde el exterior por centenares de ugetistas, el veterano dirigente vivió una de las más difíciles jornadas de su vida. Era su primera salida pública desde que hace ahora tres meses dejó la dirección del sindicato.Silencio

En ese periodo de tiempo ha permanecido en silencio. Ayer tampoco hizo ninguna declaración a su salida de la Audiencia en medio de un cordón de seguridad, y de gritos de apoyo de los militantes ugetistas.

El abogado Pedro Poveda, que representa a los cooperativistas de la promoción de El Espinillo, afirmó que Redondo había alegado ante Moreiras que él no se ocupaba de asuntos financieros porque no eran de su competencia. Según Poveda, Redondo empleó "la táctica de escudarse mucho en las competencias de cada uno de los miembros del sindicato" e hizo ver "que todo el tema de finanzas era cuestión de Reyna y que él no tenía ningún tipo de intervención".

Las diligencias sobre el caso PS V pueden quedar virtualmente paralizadas por una -hasta ahora- indetectada iniciativa de uno de los letrados querellantes. El abogado de Paulino Barrabés, José Federico de Carvajal, reparó en ella al presentar recurso contra la prisión de su defendido basado en un defecto de forma y solicitó la nulidad de las actuaciones. Ese error supondría que el juez instructor, Miguel Moreiras, debería inhibirse del caso y remitirlo a un tribunal superior, por encontrarse entre los querellados un parlamentario autonómico, Javier Ledesma, que tiene la condición de aforado. Por el momento, Moreiras ha decidido continuar provisionalmente con las diligencias urgentes del caso, hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, con un plazo de 10 días.

El galimatías jurídico en el que ha entrado el caso tiene su origen en la segunda querella presentada hace unos días por Francisco Méndez Goas, letrado que representa a los cooperativistas del Plan 18.000, que fue admitida a trámite por el juez. Esta segunda querella relata los hechos considerados delictivos de forma idéntica a la primera, pero con la diferencia de que incluía como querellados a los administradores e interventores judiciales que la cooperativa tuvo tras la suspensión de pagos.

El juez puede decidir que admite el desistimiento de Méndez Goas, pero en Derecho Penal se denuncian hechos delictivos, y éstos son perseguibles de oficio, por lo que no pueden denunciarse primero y renunciar después. Sólo si el juez Moreiras estimase que no existen indicios de criminalidad en la conducta de Ledesma podría continuar la investigación bajo su dirección.

Por otra parte, según informa Europa Press, el juez Enrech Salazar dictó ayer una providencia por la que se decreta la suspensión de la puesta en práctica de cualquier medida cautelar relacionada con el plan de viabilidad de PSV hasta que no se resuelvan los recursos presentados contra el mismo. Los actuales gestores de IGS difundieron anoche un comunicado en el que muestran su confianza en que el juez emita "una nueva resolución" para que no se paralice la segregación de promociones ni la construcción de viviendas.