Rechazo tajante a la ley del aborto desde sectores conservadores y críticas feministas

Las ministras de Sanidad y Consumo, Ángeles Amador, y de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, defendieron ayer el anteproyecto de ley del aborto frente al rechazo tajante de las fuerzas políticas y jurídicas conservadoras, que, junto a la Conferencia Episcopal y algunos sectores sanitarios, lo estimaron excesivo, y frente a las críticas de asociaciones feministas progresistas, quelo tacharon de insuficiente. Ambas ministras anunciaron ayudas económicas para las mujeres embarazadas que deseen abortar en las 12 primeras semanas de gestación y carezcan de recursos para ello.

Amador afirmó que el coste del aborto es accesible para gran parte de la sociedad. "Una cosa son las ayudas que se puedan conceder y otra que el aborto sea una prioridad", dijo.Las organizaciones feministas denunciaron el peligro de que la nueva ley establezca una discriminación económica se opusieron a la obligatoriedad de que la embarazada que desea abortar se someta a un asesoramiento. "Ese trámite puede convertirse en una coacción hacia la mujer", dijo Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid y de la Comisión Pro Derecho al Aborto.

En el otro extremo, David Pérez, secretario general de, la asociación antiabortista Pro Vida, dijo que "este anteproyecto va en contra de la Constitución y el principio de defensa de la vida y el niño no nacido". "Es una tragedia y algo muy triste que el Gobierno utilice el aborto para recuperar votos en la izquierda", dijo.

Reacción episcopal

El secretario de la Conferencia Episcopal y obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, expresó el rotundo rechazo a la futura ley. "Nadie puede disponer de la vida ajena, ni la madre, ni el Estado, ni los médicos, ni el padre", dijo.

José Fornés aseguró que la Organización Médica Colegial que preside defenderá la libertad de conciencia de los médicos que han recibido de la sociedad el mandato de defender la vida desde el principio hasta el final. En cambio, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública expresó "la necesidad de regular la objeción de conciencia de los profesionales" y la cobertura del aborto "por el sistema sanitario público, como una prestación más del mismo".

Ángel Calderón Cerezo declaró que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, de la que es portavoz, "no cree necesaria una regulación del aborto fuera del Código Penal ni tampoco cree que sea urgente". Agregó que el Tribunal Constitucional ya estableció en 1985 "el techo máximo del aborto, por lo que ampliarlo bordea la inconstitucionalidad mediante este proyecto kamikaze que, por contrario al artículo 15, está llamado a ser declarado inconstitucional".

Cándido Conde-Pumpido Tourón, portavoz de Jueces para la Democracia, valoró positivamente el anteproyecto, "porque responde a nuestra postura tradicional", dijo, "en favor de una ley de plazos, que se ha retrasado demasiado". Añadió: "No es sostenible en un Estado moderno que se obligue a la mujer a continuar un embarazo no deseado bajo amenaza de prisión. Por lo demás, el texto respeta la doctrina constitucional al establecer un plazo de reflexión y la obligatoriedad del asesoramiento".

Antonio Gisbert, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, se congratuló por el nuevo texto, "porque camina hacia el objetivo de una maternidad libre y responsable por el que se ha luchado desde la izquierda y sectores ferninistas". Por su parte, José María Vázquez Honrubia, portavoz de la asociación judicial moderada Francisco de Vitoria, lo calificó de "muy positivo, porque adecua la norma a la realidad".

En cambio, Arturo Beltrán, portavoz de la Unión Judicial Independiente -desgajada de la APM- criticó al Gobierno, porque "está invadiendo el Parlamento de proyectos mediocres y oportunistas". Criticó que el anteproyecto "sustrae a la nación un debate sobre la ética del aborto, introduce conceptos jurídicos indeterminados como el de 'grave conflicto' y somete a un examen a la misma mujer a la que da madurez para decidir sobre la vida en formación".

El texto del anteproyecto remitido ayer al Consejo General del Poder Judicial para su informe modifica la colocación de algunos de sus párrafos y, en consecuencia, la numeración de los artículos adelantados ayer por este periódico.