La 'comisión Rubio' aplaza hasta finales de septiembre sus investigaciones

La comisión parlamentaria del caso Rubio decidió ayer ampliar hasta el 30 de septiembre el plazo para terminar sus trabajos y presentar su dictamen final al Pleno del Congreso. La comisión, con el voto a favor de cinco grupos parlamentarios y en contra de dos, acordó que sea secreta la comparecencia de Mariano Rubio el próximo lunes. El ex gobernador del Banco de España se había dirigido a la comisión solicitando que su declaración tuviera carácter público, pero esta petición, calificada de extraña por algún grupo, ha sido una de las razones que han llevado a decidir en contra.El mes de julio será habilitado para trabajos internos de la comisión, aunque es posible que se celebren algunas comparecencias en la primera semana. La decisión deberá tomarla la Diputación Permanente del Congreso, órgano competente durante las vacaciones parlamentarias.

Cinco de los siete grupos parlamentarios (socialistas, CiU, PNV, Canario y Mixto) votaron en contra de que la declaración de Rubio fuese pública. El Grupo Popular y el de Izquierda Unida se pronunciaron a favor. La negativa se basó, sobre todo, en que tanto Mariano Rubio como el otro encausado, Manuel de la Concha, se encuentran incursos en un sumario por presuntos delitos contra Hacienda y por falsedad de documento público. IU calificó de grave error la decisión porque, a su juicio, sería muy importante, por ejemplo, que tras el acuerdo parlamentario de que algunas comparecencias ante comisiones de investigación puedan ser públicas, se hubiera aprobado empezar por la de Mariano Rubio.

Cambio de actitud

La petición de Mariano Rubio, interesado ahora en dar publicidad a su comparecencia, se produce después del cambio de actitud observado en su declaración en el juzgado, el lunes pasado. Ante el magistrado, Rubio admitió al fin como suya la cuenta 7MM que gestionaba el despacho de De la Concha, y de la que había dicho no tener constancia en su primera comparecencia en el Congreso y ante los fiscales. Para algunas fuentes, el reconocimiento de la propiedad de la cuenta, y de los 115 millones ingresados en ella en noviembre de 1986, podría deberse a la presión de los interrogadores, que trataron de mostrar la existencia de un posible cohecho.

La comisión, que resolvió también aplazar las comparecencias previstas para hoy, volverá a reunirse el lunes, tras la declaración de Rubio, para establecer el calendario final de las citaciones pendientes. Será entonces cuando se resuelva si se vuelve a citar o no a los ex ministros Carlos Solchaga y Miguel Boyer y al actual gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, como desea Izquierda Unida, y a Jaime Soto y Benito Tamayo, ex responsables del grupo Ibercorp, a quienes el PNV y el PP quieren volver a escuchar. De aprobarse, estas comparecencias, se dejarían para septiembre.