Juan Hormaechea se defiende a sí mismo y se encara a su jefa de contratación

Las declaraciones ante el tribunal de Begoña Vivar, jefa de contratación y compras de la Diputación de Cantabria, exasperaron a Juan Hormaechea. Las revelaciones de la testigo sobre cómo ejerce Su cargo el presidente procesado motivaron que, con la venia del juez Claudio Movilla, Hormaechea prescindiese el martes unos minutos de su abogado y, defendiéndose a sí mismo, provocase un tenso debate con la declarante. Hormaechea y nueve consejeros de su primer Gobierno se sientan en el banquillo por prevaricación y malversación.

Vivar, funcionaria desde hace 14 años, había reconocido a preguntas de la fiscal, Pilar Nájera, que era normal que al Consejo de Gobierno llegaran expedientes tramitados incompleta o irregularmente. Manifestó que en la primera legislatura tuvo que soportar incidencias "razonables". "A partir de diciembre de 1989 fue mucho peor. Entonces el consejero David Puebla [también procesado] me remitió una resolución en la que proponía la contratación directa de un estudio sobre la renta en Cantabria que iba a realizar un catedrático de Madrid y por el que se fijaba un pago de seis millones. Le requerí entonces la información que debía adjuntar, pero Puebla no contestó. A los dos meses se me pidió un informe. Advertí que el expediente lo tenía paralizado esperando recibir del consejero la información requerida. Hormaechea me llamó al Consejo de Gobierno y, delante de los consejeros, rompió y tiró al suelo el informe advirtiéndome que no se me ocurriera paralizar la acción del Gobierno, a la vez que amenazaba con destituirme".

"El decidía todo"

Entre 1988 y 1989 Vivar fue obligada por Hormaechea a asistir a los Consejos de Gobierno. Recordó al tribunal que nunca presenció una votación. "El presidente decidía todo. Aprobaba o rechazaba los expedientes sin que los consejeros pronunciaran palabra. Acostumbraba a llamar a sus despachos a los funcionarios, jefes de servicio y técnicos, sin tener en cuenta ninguna vía jerárquica. Y es que con él llegaron nuevos modos de entender la presidencia y la Diputación. Llevaba personalmente todos los asuntos, los más importantes y los que a él le interesaban".Un día, después de su procesamiento, la testigo fue llamada al despacho del presidente. "Me intentó presionar para que matizase un informe que había redactado y, al negarme, levantó acta. Por entonces iniciaba la estrategia de acusar a los funcionarios, insinuando que por nuestra mala fe él iría al banquillo".

El 6 de agosto de 1992, según añade la testigo, el presidente dirigió una carta a la jefa de contratación, proponiéndole que "cesara en su relación funcionarial, con independencia de sus derechos económicos, que en virtud de los acuerdos pertinentes le serían garantizados hasta su jubilación". Pero Vivar rechazó las sugerencias del presidente.

Visiblemente excitado por las manifestaciones de la funcionaria, Hormaechea desplegó una batería de preguntas, defendiéndose a sí mismo. Como si recordara que las irregularidades y las chapuzas en la Diputación se iniciaron con anteriores presidentes, un Hormaechea crispado preguntó a la jefa de contratación cuál había sido su actitud en 1986, cuando al presidente aliancista Díaz de Entresotos invirtió 400 millones en comprar material, nunca utilizado, para poner en marcha un canal autonómico de televisión sin proyecto de ley previo y a espaldas de la Administración central.

El debate continuó muy áspero entre ambos, a tal punto que el juez Movilla recordó al procesado que no se estaba acusando a la testigo. Hormaechea le había formulado esta pregunta, que el presidente del tribunal rechazó rigurosamente: "¿Es o no cierto que la inmensa mayoría de los funcionarios de la Diputación [unos 3.000] han entrado por enchufe?".