Jueces y Parlamento

LAS COMISIONES Roldán y Rubio han desmentido en la práctica la falacia propalada en estos años en los ámbitos políticos de que el Parlamento debía quedarse con los brazos cruzados en la investigación de asuntos de interés público si la justicia le había tomado la delantera. La existencia de procesos penales en ambos casos no ha sido óbice para que el Parlamento, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, decidiera crear sendas comisiones de investigación. Es decir, la experiencia ha demostrado que la actuación judicial y la parlamentaria no son excluyentes, que pueden coexistir. Ahora queda por ver que no interfieren indebida y, abusivamente entre sí, y que responden en su actuación a las mínimas exigencias de cooperación entre poderes del Estado.En el caso Rubio, el juez que investiga las presuntas actuaciones delictivas del antiguo gobernador del Banco de España y del ex síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha ha denegado a este último el permiso carcelario para comparecer el próximo lunes ante la correspondiente comisión de investigación parlamentaria. El juez alega que en el estado actual de la investigación sumarial no es aconsejable la comparecencia de De la Concha. En principio nada hay que objetar a la decisión del juez. Las exigencias del proceso penal en la investigación del delito prevalecen sobre cualesquiera otras. Y es de agradecer que este elemental principio de actuación en un Estado de derecho se apuntale tras haber sido flagrantemente conculcado en el proceso penal sobre los crímenes de los GAL.

Pero la aquiescencia judicial a que el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio comparezca a declarar ante la comisión quita consistencia al motivo alegado por el juez para oponerse a la comparecencia de De la Concha. ¿Por qué la presencia de este último puede causar perjuicio a la investigación sumarial y no la de Rubio, cuando ambos están implicados en el mismo proceso, por los mismos delitos, y uno de ellos, además, como colaborador de uno de los delitos que se le imputan al otro? La negativa del juez debería estar basada en motivos más explícitos y no en un genérico daño a la investigación sumarial para no parecer en exceso discrecional y, por tanto, obstaculizadora de la función del Parlamento.

En este campo de las relaciones entre el poder judicial y el Parlamento es más exigible que en cualquier otro un acusado sentido de responsabilidad. Además del mutuo respeto por sus respectivas funciones, es preciso evitar roces indebidos y protagonismos absurdos, nocivos para la investigación. La prevalencia del proceso penal debe ser compatible con las atribuciones que corresponden al Parlamento.