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Virgilio Cano adjudicó 166 millones a la empresa del marido de su ex secretaria

El Partido Popular intenta extender el clima de sospecha de corrupción sobre la Comunidad de Madrid y ha encontrado en la Consejería de Cooperación un filón. El PPacusó el viernes al consejero de Cooperación, Virgilio Cano, de adjudicar 15 contratos por valor de 278 millones a una empresa de comunicación -Maketa- del marido de su ex secretaria Carmen Pérez.Cano asegura que el marido de su ex colaboradora y amiga personal ya no estaba en esa empresa cuando se firmaron en 1993 los tres últimos contratos, por un importe de 112 millones de pesetas.

El Partido Popular ha empezado a buscar corruptelas en la Consejería de Cooperación después de que ésta le haya entregado numerosa documentación sobre su actividad. El PP acusó el pasado viernes al consejero de Cooperación, Virgilio Cano, de adjudicar 15 contratos por valor de 278 millones a una empresa de comunicación -Maketa- propiedad del marido de su ex secretaria, Carmen Pérez.Ante la avalancha de acusaciones, los diputados socialistas han anunciado que a partir de ahora responderán con querellas judiciales a las "falsas imputaciones del PP". La parlamentaria regional Dolores García Hierro fue un poco más lejos. Advirtió que sus compañeros seguirán los pasos de los altos cargos del PP en distintas esferas, tanto públicas como privadas.

El consejero Virgilio Cano cree que el Partido Popular está molesto porque su consejería haya dedicado dinero público a comunicar a los ciudadanos madrileños -con cartas individuales y anuncios en los medios de comunicación- las obras y realizaciones de la Comunidad, trabajo que se encomendó precisamente a Maketa. Cano recuerda que el PP hace lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid y no ocurre nada.

La parlamentaria Dolores García Hierro denuncia que el Ayuntamiento adjudica directamente el 98% de sus contratos sin vigilancia de la oposición.

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El PSOE amenaza al PP con investigar la actividad pública y privada de sus altos cargos

En la Consejería de Coopera ción estalló hace dos años el caso Atocha: numerosas contrataciones con una empresa constructora en las que ni la comisión de investigación del Parlamento ni el fiscal de Madrid encontraron ilegalidades, aunque sí algunas irregularidades. El pasado martes, el PP atacó en el mismo flanco del Gobierno regional al asegurar que un ex jefe de obras de esa consejería, Máximo Parrón, dirigió obras adjudicadas a la constructora de su mujer y sus suegros. Cano respondió que el funcionario está en excedencia y que nunca estuvo implicado en las obras de sus familiares.

El Grupo Parlamentario Socialista no ha podido soportar por más tiempo esta avalancha de acusaciones, dirigidas especialmente contra Virgilio Cano. Los portavoces socialistas en la Asamblea, Dolores García Hierro y Javier Ledesma, anunciaron el viernes que a partir de ahora responderán "a las imputaciones falsas del PP" con querellas en los juzgados.

García Hierro fue más allá en su advertencia: "Ni hubo caso Atocha I ni hay caso A tocha II, y lo que sí puede haber es un problema para el Grupo Popular, porque, de persistir con esta campaña, el PSOE se vería obligado a seguir los pasos de los cargos del Partido Popular en distintas esferas, tanto en el ámbito público como el privado".

Ejemplo de incompatibilidad Esta amenaza se concretó, por parte de García Hierro, en el comportamiento "moral y éticamente" incompatible del presidente regional del PP, Pío García Escudero. El PSOE acusa a García Escudero, diputado regional, de compaginar esos cargos con el de consejero de la Empresa Municipal de la Vivienda y con el ejercicio en su despacho profesional como arquitecto.

El portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, lamentó "el escaso sentido democrático del PSOE" y reiteró su intención de mantener el control sobre el Ejecutivo.

Virgilio Cano admitió el viernes que esperaba que el PP sacase a relucir en septiembre lo que él denominó como el caso Maketa -los contratos suscritos con la empresa del marido de su ex secretaria- en la operación que entiende que ha iniciado este partido de acoso y derribo contra su persona. "Está visto que como les está funcionado la estrategia de enfangarlo todo se han precipitado", dijo Cano.

El consejero está seguro de que en este nuevo caso de contrataciones polémicas de su departamento no se ha producido ninguna irregularidad. Cano explicó que Carmen Pérez es su amiga personal y que la contrató como secretaria porque era de su confianza: "Se marchó porque quería ser algo más que secretaria y porque tenía posibilidades. Nunca ha estado en Maketa porque fundó su propia empresa de este tipo, que se llama Candilejas, y que es en` la que ya está también su marido". El consejero afirmó que la Comunidad jamás ha contratado ningún servicio con Candilejas y descartó -como insinúa el PP- que entre esas dos empresas exista alguna relación.

Los expedientes de los 15 contratos adjudicados directamente por la Consejería de Cooperación a la empresa Maketa, desde 1988 y hasta 1993, están entre los 152 que reclamaron el pasado martes los diputados del PP en las oficinas de la consejería. Hasta 1993, año en el que Cano dice que el marido de su ex secretaria abandonó Maketa, Cooperación firmó con esta empresa 12 contratos por un importe total de 165.828.698 pesetas. En 1993 se formalizaron otros tres, que alcanzaron la cifra de 112.788.250 pesetas.

Otras ofertas

El secretario general del Grupo Popular, Manuel Cobo, se pregunta si es cierto que en las adjudicaciones a Maketa "las otras empresas que ofertaron lo hicieron por encima del precio de licitación permitido, motivo por el que obviamente fueron rechazadas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de junio de 1994

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