Dos implicados del caso Atocha reconocen ante el juez irregularidades

Los dos funcionarios de la Consejería de Cooperación acusados por el fiscal de Madrid de estafa y falsedad en el caso Atocha, reconocieron en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 10 que no vieron físicamente los materiales cuyo pago ordenaron, según fuentes judiciales. El ex director de proyectos y obras, Vicente Martínez Castelló, y el aparejador Alberto Bello, firmaron un certificado en el que ordenaban pagar 72 millones de pesetas a la empresa Gemesa como adelanto por los materiales adquiridos para edificar el laboratorio de sanidad animal de Algete. Los ladrillos y el cemento no aparecieron junto a la obra.Martínez Castelló reconoció ante el juez que no comprobó ni física ni materialmente la existencia de la mercancía, ya que con las facturas que le presentaron y el aval contratado para evitar riesgos era suficiente garantía. Bello aclaró que se pueden certificar materiales adquiridos por empresas sin acudir a la obra, ya que las compañías compran provisiones pero las dejan en el almacén del proveedor.

Pedro Ortega, dueño de la empresa que compró el material y cobró 72 millones adelantados de la Comunidad, no facilitó datos nuevos ya que, según declaró, durante el proceso que investiga el juez sufrió un infarto.

"Mentira repugnante"

El consejero de Cooperación, Virgilio Cano, respondió ayer a las acusaciones que le formularon varios diputados del PP sobre un nuevo caso de irregularidades en las contrataciones de su departamento ligadas al ex funcionario Máximo Parrón. Cano replicó: "Es la mentira y la manipulación más repugnante que he visto en toda mi ya prolongada vida política". El consejero denunció el "descarado e inaudito montaje orquestado por el PP que tiene que ver con una estrategia que se resume en que contra el PSOE todo vale"Virgilio Cano criticó que el PP dijera que pensaba acudir a la Consejería con un notario -que luego no fue- para reclamar un contratos que él mismo se ofreció a entregar. El consejero acusó al portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, y al secretario general del grupo, Manuel Cobo, de "mentir descaradamente ya que la relación de expedientes solicitada la habían estudiado meticulosamente con anterioridad y seleccionado una serie de contratos en los que supuestamente había una irregularidad". Cano entiende que esas supuestas irregularidades no existen y que ya habían sido publicadas antes del caso Atocha.

El consejero recordó que el funcionario citado, en excedencia desde 1990, no participó en las adjudicaciones que se le imputan, en las que supuestamente se benefició -según el PP- a su mujer y sus suegros. Cano informó que las empresas de esta familia -tres- obtuvieron entre 1988 y 1990 obras que suponen el 1,2%, 1,65% y 0,5% de todos los contratos del departamento.