El PP rescata una ley de la República para pedir 21.000 millones al Estado

El equipo del Partido Popular que gobierna el Ayuntamiento de Madrid ha rescatado una ley de la República, concretamente publicada en La Gaceta de Madrid el 16 de septiembre de 1932, para reclamar ahora al Estado 21.000 millones en concepto de canon por so el hecho de ser la capital de España. Ésta fue la sorpresa que se reservó para la presentación ayer del último borrador de la futura Ley del Régimen Especial de la Capitalidad de la Villa de Madrid el primer teniente de alcalde, Luis María Huete. Este recuerdo republicano de Huete no fue bien acogido por el consejero de Cooperación de la Comunidad, Virgilio Cano, del PSOE, con el que ha negociado estos dos últimos años la redacción del texto de esa ley, ya recogida por la Constitución (1978) y posteriormente por el Estatuto de Autonomía (1983).Los técnicos municipales han buceado en las hemerotecas y han encontrado una ley que subvencionaba, en 1932, con 80 millones al Ayuntamiento de Madrid por ser la capital de España. Ese dinero suponía entonces un 6,9% del presupuesto consolidado municipal. Huete se limitó ayer a efectuar una extrapolación de ese porcentaje al presupuesto actual y la operación le ofreció 21.000 millones..

Cano cree que la recuperación interesada de esa ley por el Ayuntamiento no es oportuna. El consejero recordó que el Estado contribuye anualmente a subvencionar con muchos millones los transportes públicos de Madrid e indicó que esa contribución no se contabiliza. La Comunidad está a favor de la compensación económica, pero prefiere que se pague a cuenta de los gastos que se efectúen por la carga de la capitalidad (exenciones de impuestos, horas extras de los policías, etcétera).

Ley larga, ley corta

Las discrepancias sobre el método a fijar para cuantificar el canon no son las únicas del borrador entregado ayer. El Ayuntamiento quiere redactar una "ley larga y especial para Madrid", al margen de que luego muchas competencias se contengan en la ley estatal ya en preparación para las grandes ciudades. La Comunidad se inclina por una ley "corta" que se centre en la capitalidad y no interfiera con otras legislaciones.

La ley se ha centrado en siete apartados: principios generales y protocolo, organización municipal, régimen jurídico, relaciones institucionales e interadministrativas, urbanismo, subvención y hacienda. El debate mayor estará en los asuntos urbanísticos, donde el municipio reivindica su mayoría de edad en cuanto a competencias y donde la Comunidad quiere reservarse la última palabra. En el resto hay un acuerdo básico, pero quedan flecos a detallar con los grupos políticos de la Asamblea -el primer órgano que deberá aprobar el proyecto-, con los presidentes de las instituciones locales y con el ministro de Administraciones Públicas.