Cuestión de confianza

Viene de la primera páginaEl Partido Popular ha infligido a los socialistas una seria derrota, lo que constituye a la vez un importante éxito político y personal de José María Aznar. No sólo ha conseguido enjugar en menos de cinco años la distancia de 14 puntos que separaba a su partido del PSOE, sino colocarlo en posición de encarnar la alternancia a corto plazo. Cualquiera que sea la salida política de la situación creada por la derrota socialista de ayer, el PP se ha ganado el derecho a ser tenido en cuenta en las decisiones fundamentales de gobierno y a participar en la elaboración del calendario político del próximo periodo. Incluyendo la fijación de una eventual convocatoria electoral adelantada, si el PSOE no fuera capaz de asegurarse el apoyo estable de los nacionalistas.

Es cierto que en estas elecciones no se jugaba el signo del Gobierno nacional, y que esa condición de los comicios europeos favorece el voto de castigo contra el partido en el poder por parte de los ciudadanos descontentos; así suele ocurrir en todos los países con las elecciones intermedias entre dos legislativas, sin que a nadie se le ocurra por ello considerar "provisional" al gobierno legítimo. También es cierto que la menor participación respecto a las generales demuestra que los electores no conceden la misma trascendencia a su voto en unos u otros comicios. Pero la dimensión de la censura expresada por el electorado es tanta que se aproxima a un vuelco: el PP supera ligeramente el porcentaje que alcanzó el PSOE en las elecciones generales de hace un año, mientras que los socialistas descienden a niveles similares a los obtenidos en 1977 y 1979 frente a Suárez.

Por lo demás, no hay posibilidad de compensar el efecto de ese retroceso con los resultados de Andalucía, donde el margen entre los socialistas y los conservadores se ha reducido en unos 15 puntos. Todo ello unido a un avance espectacular de Izquierda Unida, que casi dobla sus votos y se convierte en una fuerza imprescindible para gobernar esa Comunidad Autónoma que ha sido el primer granero electoral del PSOE. En conjunto, la izquierda (PSOE más IU) retrocede en Andalucía cinco puntos (del 63,4% a poco más del 58%), mientras que el PP sube entre tres y cuatro puntos. Esos resultados van a potenciar seguramente la tentación de algunos sectores socialistas de virar hacia un pacto de gobierno con IU, no sólo en Sevilla, sino también en Madrid.

Este doble y contundente castigo electoral hace que Felipe González tenga que plantear una respuesta política proporcional. Pero sería forzar las reglas del juego considerar que estos resultados deslegitiman al Gobierno salido de las urnas el 6 de junio de 1993. González tuvo razón al rechazar tal planteamiento, al que le forzaban, más que el PP, los hooligans de ese partido en los medios. Pero se excedió al decir que seguiría gobernando hasta 1997, cualquiera que fuese el resultado de las europeas: eso no sólo depende de él, sino, como mínimo, también de sus aliados nacionalistas. Por otra parte, González bordeó la aceptación de la lógica de los teóricos de la deslegitimación al llamar al voto con el argumento de que había que cerrar el paso a la derecha, buscando la repetición del giro que determinó su victoria in extremis en las legislativas de 1993: al hacerlo, aceptaba que la estabilidad de su Gobierno estaba ligada a la votación de ayer.

De ahí que resulte inexcusable una Iniciativa como la de la cuestión de confianza, aplazada antes con el argumento de la proximidad de la consulta electoral. A la vista de los resultados, no sería lógico rehuir ahora ese compromiso, que afecta tanto al PSOE como a sus aliados. La legitimación del Gobierno se verá reforzada si tales aliados formalizan su compromiso aceptando integrarse en un Gobierno de coalición. Tal sería la respuesta que los ciudadanos esperarían en cualquier país europeo. Si esos aliados no expresan formalmente su apoyo o lo condicionan a concesiones inaceptables, se abrirá la hipótesis de un adelanto electoral en el marco de un calendario que los socialistas deberían consensuar con el PP.

En cualquiera de las hipótesis, la relación entre el Gobierno y el PP habrá de modificarse, de acuerdo con el planteamiento que en la última jornada de campaña realizó el diputado Rodrigo Rato: "Un pacto de primera magnitud que dure varios años y dé un horizonte de estabilidad a España". Al igual que hizo UCD a lo largo de 1981 y 1982, esa estabilidad exige ahora, en la perspectiva de una alternancia que parece probable, establecer un terreno de entendimiento' entre los dos grandes partidos, acabar con el clima de histeria y amenaza de los últimos meses y crear las condiciones que permitan abordar desde el consenso básico tres cuestiones urgentes del momento: la depuración y reorganización del Ministerio del Interior, poner fin a la financiación irregular de los partidos políticos y la política autonómica. Tales asuntos podrían ser el eje de un calendario político para el periodo que ahora se abre.