Interior sufre una aguda parálisis y precisa una gran reforma, según altos cargos del departamento

Desorientación, pasotismo, desorganización... Son las palabras más repetidas por funcionarios del superministerio de Justicia e Interior para definir la situación actual del departamento de Juan Alberto Belloch. El colectivo policial "está desmoralizado y sin rumbo" afirma tajante la Unión Federal de Policía, un sindicato vinculado a UGT. Margarita Robles lleva sólo tres semanas al frente de la Secretaría de Estado de Interior, pero debe darse prisa para impulsar un plan de choque en su departamento, paralizado por las convulsiones de los últimos ocho meses y por el escándalo del caso Roldán. 'La parálisis en un departamento como éste, que siempre va cuesta arriba, es involución, sentencia el diputado de IU Diego López Garrido.

Los constantes cambios que se registran en Interior desde hace ocho meses han llevado al ministerio al caos. Primero fue la dimisión del ministro José Luis Corcuera, tras la sentencia del Constitucional que anuló su polémica patada en la puerta. Después fue la dimisión de Antoni Asunción tras la fuga del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán. Por último ha sido la llegada de Juan Alberto Belloch al refundido superministerio de Justicia e Intenor.Pero lo peor no han sido los constantes relevos en la cúspide, sino los cambios en el resto de la cadena de mando que les han acompañado. Todo ello ha desembocado en una situación de gran confusión sobre las líneas a seguir y ha creado una sensación de inestabilidad que afecta a miles de funcionarios, según varios altos mandos que prefieren conservar el anonimato. Sin embargo, estos mismos y otros jefes policiales reconocen que "es necesaria una renovación" de la anquilosada estructura orgánica del ministerio. El diputado López Garrido va incluso más allá: "Es un ministerio por el que aún no ha pasado la transición política",. señala, antes de agregar que "los comisarios de policía siguen siendo franquistas".

Al margen del terrorismo, la radiografía de la actual Secretaría de Estado de Interior revela que existe una fuerte descoordinación entre las diversas fuerzas policiales, fundamentalmente entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. "Los recelos entre uno y otro cuerpo hacen que no se pongan en común los bancos de datos. ¡Y no digamos nada de la coordinación con la Ertzaintza (policía vasca) y otras policías autónomas ... ! Va a Regar un momento en que las policías estatales van a estar a oscuras sobre lo que ocurre en estas comunidades", diagnostica un destacado funcionario de Interior.

Entre amigos

Agentes operativos confirman que el intercambio de información entre la policía y la Guardia Civil es nulo. Eso obliga, por ejemplo, a que en muchas ocasiones un policía tenga que recurrir a un amigo en el instituto armado para saber si un sospechoso figura con antecedentes en el ordenador Duque de Ahumada, de la Guardia Civil. En correspondencia, el cuerpo nacional tampoco facilita que los guardias civiles tengan fácil acceso a los archivos del Documento Nacional de Identidad.

La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, ha expresado públicamente su inquietud por la seguridad ciudadana. "La secretaria de Estado tiene motivos para preocuparse", dice un portavoz de la Unión Federal de Policía, un sindicato con 9.000 afiliados. "Es indignante que ahora sólo haya un coche patrulla para barrios de Madrid que tienen 200.000 o 300.000 vecinos" agrega.

Un comisario confirma que su distrito tiene asignados cinco coches patrulla, "pero dos o tres son viejos y siempre están averiados". De los dos restantes, uno está permanentemente en la comisaría para atender incidencias o trasladar a los detenidos al juzgado. Total, que sólo queda un vehículo con dos agentes para velar por los vecinos. Los teóricos efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana suelen ser detraídos de esta masión para atender labores de orden público en huelgas, manifestaciones o mítines electorales. "Yo no puedo contar la verdad a la gente", se queja el mismo jefe policial. Antonio Partido, secretario general de los 10.000 afiliados de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), sostiene que en España hacen falta 11.000 agentes más, que los actuales están mal pagados y que el Gobierno "no tiene claro qué modelo de policía quiere". Federico López Ferrer, dirigente de la UFP, resalta también el hecho de que un agente del Cuerpo Nacional de Policía cobre 135.000 pesetas al mes y un mosso Xesquadra (policía autónomo catalán) 180.000.

Las desigualdades salariales y el malestar en la policía se han traducido en apatía y desilusión, incluso en brigadas tan especializadas como las de Estupefacientes, Policía Judicial e Información (antiterrorista). En Estupefacienties, por ejemplo, una unidad que ha obtenido grandes éxitos contra el narcotráfico, había planes para duplicar su personal, pero no sólo no ha sido así, sino que se le ha retirado un grupo de agentes que hacía seguimientos a traficantes para dedicarlos a escoltar a personalidades.

El malestar se extiende también a la Guardia Civil, donde el escándalo y fuga de Luis Roldán ha supuesto un durísimo golpe moral para todo el colectivo. Altos cargos del instituto armado reconocen en privado que la situación interna es "muy delicada".