Los grupos parlamentarios cuestionan el papel de las auditorías y piden un gran debate tras el 'caso Banesto'

Los diferentes grupos parlamentarios aprovecharon ayer la comparecencia de Ricardo Bolufer, presidente del Instituto de Contabilibidad y Auditorías de Cuentas (ICAC) en la comisión Banesto, para pedir un gran debate nacional sobre el papel de las auditorías, que han quedado en evidencia en el caso Banesto y en otros anteriores. Todos los grupos parlamentarios que intervinieron (PNV, PP, IU-IC, PSOE y CiU) coindieron en sus críticas hacia el trabajo de Price Waterhouse, la firma que auditó Banesto en los últimos ejercicios, y preguntaron a Bolufer cuál sería el papel del ICAC ante la labor de Price Waterhouse y de las auditorías en general. Los grupos llegaron a insinuar la necesidad de adaptar la ley a las circunstancias para poder aplicar sanciones en todo su rigor si se incumple la normativa.Los parlamentarios sacaron a relucir que existen suficientes ejemplos recientes "para sentir preocupación" por el papel de las auditorías y citaron los de Banesto con Price, la Corporación Industrial Banesto con Arthur Andersen, Torras-KIO con Coopers & Librand y la cooperativa PSV con Ernst & Young.

Bolufer, que no quiso precisar si existían indicios para abrir un expediente "hasta que no finalicen los trabajos técnicos", recalcó que las normas de auditoría que se aplican en España son las admitidas internacionalmente. Sobre la auditoría de Price en Banesto, Bolufer, en una comparecencia cargada de citas legales, afirmó que en este mes o "a lo más tardar en julio" se decidirá si se expedienta a Price Waterhouse por las auditorías de Banesto de 1991 y 1992.

Bolufer dijo también que existe una gran confusión social sobre el papel que ejercen los auditores que "sean profesionales que dan fe de una foto estática de la situación de una empresa y no juzgan como se ha llegado a esa situación y cuáles son los caminos mejores para el futuro". Añadió que había aspectos de la actividad de un banco que se podían recoger en un informe reservado del Banco de España pero que no se podían exponer en un comentario público de auditoría.

Por otro lado, medios oficiales portugueses guardan silencio sobre la presunta propuesta del ministro de Finanzas, Eduardo de Almeida Catroga, hizo al presidente del Banco de Santander, Emilio Botín para solucionar el problema de la participación de Banesto en el Totta.

La junta general de accionistas de La Unión y el Fénix, que se celebrará el próximo 25 de junio, no aprobará las cuentas del anterior equipo directivo. Alberto de la Puente, el nuevo presidente, manifestó su voluntad de iniciar acciones judiciales contra los anteriores gestores "en el caso de que se demuestre que en operaciones concretas en las que se han lesionado los intereses de la compañía pudieran existir responsabilidades administrativas o penales". De la Puente avanzó que "habrá ajustes de plantilla".