A la espera de la cuarta libertad
La próxima legislatura permitirá a los nuevos eurodiputados mantener lo que ya es una rancia tradición: exigir que se aplique por fin la libre circulación de personas en el territorio de la Unión Europea (EU). El mercado interior, el gran mercado europeo, se basa en las llamadas cuatro libertades: libre circulación de mercancías, servicios, capitales... y personas. Si las tres primeras van abriéndose paso a pesar de la crisis, la cuarta sigue enfangada sea por las carencias de la informática europea, sea por la falta de voluntad de algunos países.Ni la entrada en vigor del Acta única el 1 de enero de 1993, ni la traumática sanción del Tratado de la Unión, el 1 de noviembre de ese mismo año, han permitido que se cumpla uno de los símbolos de la integración europea más próximos al elector: el libre tránsito de los ciudadanos entre los Estados miembros, un objetivo reducido a una cita siempre pendiente.
El mercado interior sí se ha beneficiado, en cambio, de las otras tres libertades. La libre circulación de servicios y mercancías va paulatinamente en aumento, a pesar de que la recesión no ha permitido que la caída de fronteras derivara en una explosión de intercambios comerciales, y la libre circulación de capitales ha dejado su huella con la cicatriz, apenas supurada, de las tormentas monetarias que sacudieron los mercados europeos en 1992 y 1993 y que acabaron por vaciar de contenido el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME).
El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no quieren saber casi nada de libre circulación de personas. Aunque aceptan el concepto teórico, en la práctica lo rechazan argumentando que sólo los ciudadanos de la Unión tienen derecho a traspasar sus fronteras sin identificarse. Pero, ¿cómo se distingue a un ciudadano de la Unión de un individuo extracomunitario? Pidiéndoles a todos que se identifiquen. Una forma de no practicar la teoría.
El resto de países miembros se dicen enfrascados en conseguir practicar esa teoría. Agrupados en el llamado Grupo de Schengen, intentan en vano desde el 1 de enero de 1993 derrumbar sus fronteras. Después de cuatro aplazamientos sucesivos, ya no hay fecha oficial para el fin de los controles fronterizos y las empresas responsables de ultimar la red informática que permitirá eliminar las garitas policiales en aeropuertos, carreteras y puertos han aplazado esta tarea al menos hasta enero de 1995, y eso sólo en siete países: Alemania, Francia, España, Portugal, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Italia y Grecia aún deberán hacer más progresos.
Las carencias del Sistema Informático Schengen (SIS) es el caparazón que permite a Europa justificar el mantenimiento de los controles. Detrás del SIS se esconden cuestiones de fondo, como la falta de voluntad política de algunos países. El cambio de rumbo en Francia, con el triunfo de los conservadores, ha sido uno de los principales obstáculos para la libre circulación de personas. Poniendo obstáculos, el Gobierno de Édouard Balladur quiere lanzar un mensaje tranquilizador a sus electores más reacios a compartir con los inmigrantes las pocas oportunidades laborales que se presentan en estos tiempos de recesión.
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